Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- En República Dominicana, el tema del abuso sexual contra niñas y adolescentes continúa siendo una herida abierta que, aunque suele ocultarse bajo el manto del silencio, se refleja con fuerza en las estadísticas, en los tribunales y en los testimonios de víctimas que apenas comienzan a entender la magnitud del atropello sufrido.
Detrás de cada caso hay una historia de vulnerabilidad y de impunidad que pone a prueba el sistema judicial y la solidez de las leyes que deberían resguardar a los menores.
La ley en blanco y negro
El Código Penal Dominicano es claro en este aspecto:
• El artículo 332-1 tipifica el abuso sexual contra menores como un delito grave.
• Mantener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años, aún con consentimiento, es considerado violación de la ley, pues la legislación establece que un menor de esa edad carece de capacidad jurídica para otorgar consentimiento válido.
En los casos de niñas y adolescentes menores de 15 años, la sanción es más severa: se considera automáticamente violación sexual.
Las penas oscilan entre 10 y 20 años de prisión, acompañadas de multas que pueden superar los 200 salarios mínimos. En situaciones agravantes, como abuso cometido por familiares, tutores o figuras de autoridad, la condena puede alcanzar hasta 30 años de prisión.
El trasfondo social
Pero más allá del papel escrito, la realidad es dura. En una sociedad donde las cifras de embarazo adolescente se mantienen entre las más altas de América Latina, la línea que separa un noviazgo precoz de un delito sexual suele difuminarse, generando un terreno fértil para la manipulación y el abuso.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cerca del 22% de las adolescentes dominicanas de entre 15 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez, una cifra que revela con crudeza la dimensión del problema.
Detrás de muchos de esos embarazos, lo que se esconde no es un “descuido”, sino un delito sexual disfrazado de relación.
Justicia entre sombras
Los tribunales enfrentan un doble reto: sancionar al agresor y garantizar a la víctima un proceso justo y reparador.
Sin embargo, activistas sociales denuncian que la revictimización sigue siendo común. La niña o adolescente debe relatar una y otra vez su experiencia frente a policías, fiscales, médicos forenses y jueces, lo que prolonga su sufrimiento y muchas veces las empuja al silencio.
El sistema, aunque contempla medidas de protección especial para menores de edad víctimas de abuso, todavía no logra romper el círculo de impunidad. Organizaciones locales afirman que una parte significativa de los casos nunca llega a sentencia firme.
Un espejo social
Hablar del abuso sexual infantil en República Dominicana es hablar de un problema estructural. Se cruza con la pobreza, con la falta de educación sexual en las escuelas y con una cultura machista que en ocasiones normaliza conductas violentas.
El Código Penal dicta sanciones ejemplares, pero las cifras nos recuerdan que el problema no es de falta de leyes, sino de falta de aplicación rigurosa, de políticas públicas sostenidas y de una transformación cultural profunda.
Un llamado urgente
El artículo 332-1 y los demás que tipifican los delitos sexuales contra menores son la prueba de que el marco legal existe.
Pero mientras las cifras sigan revelando a miles de niñas y adolescentes atrapadas en un ciclo de abuso, embarazo forzado y silencio, será necesario replantear cómo el país está aplicando sus propias leyes.
Porque no se trata solo de prisión para el agresor. Se trata de garantizar a cada niña y adolescente dominicana el derecho más básico: crecer en libertad, dignidad y seguridad.
