Por Redacción 
Coronel Rafael Antonio Morales Herrero, exdirector de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas.
Redacción Exposición Mediática.- El 11 de agosto de 2025, el exdirector de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, Coronel Rafael Antonio Morales Herrero, presentó ante el Ministerio Público una denuncia formal, respaldada con evidencia documental, confidencial, e informes internos, acusando a oficiales de alto rango de la DNCD, el DNI y otros organismos militares de enriquecerse con recursos del narcotráfico. De acuerdo con su testimonio, esta situación involucra desde el director del DNI, Luis Soto, hasta el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. La denuncia fue presentada también ante la Procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el Director de Persecución Wilson Camacho, según reportó el portal Alternativas Noticiosas.
Pero el silencio ha sido abrumador: ninguna fiscalía, ningún medio principal en República Dominicana ha dado eco a la denuncia, a pesar de que leyes como la Ley 50-88 (sobre drogas), el Código Penal y la Constitución dominicana ordenan que el Ministerio Público actúe de oficio en casos de corrupción y crimen organizado.
Principio de intervención obligatoria del Ministerio Público
La Constitución dominicana —así como el Código Penal— establece que el Ministerio Público debe intervenir de oficio cuando se denuncia corrupción, lavado de activos o narcotráfico vinculado a funcionarios. No es una potestad, sino un deber constitucional. La soledad institucional ante graves acusaciones debilita la confianza pública y expone a la nación frente a su propia seguridad.
¿Dónde están la investigación y el respaldo institucional?
Pese a los insistentes llamados y los datos presentados —que incluyen videos que muestran maletas cargadas en vehículos oficiales en aeropuertos durante la madrugada—, no hay constancia pública de una investigación formal en curso. El Constituyente reportó un “silencio rotundo” de la Procuraduría, y ni siquiera el Ministerio de Defensa ha respondido a consultas periodísticas.
Protección de la fuente y el Estado de Derecho
Morales Herrero denuncia persecución interna, manipulación de medios, creación de audios falsos atribuibles a la aplicación espía Pegasus, y versiones difamatorias circulando en agencias como la DEA y la CIA. A su vez, fue cancelado de sus funciones, presumiblemente tras perder el respaldo institucional que ejercía como figura honesta en la lucha antinarcóticos.
¿Existe algún mecanismo estatal para proteger al denunciante y preservar la integridad institucional? Hasta hoy, parece no contar con amparo efectivo.
¿Quién protege a quienes nos protegen?
República Dominicana enfrenta un dilema profundo: ver a quienes juraron defenderla acusados de favorecer a las estructuras criminales, y enfrentarse a un vacío institucional cuando el deber de investigar debería ser urgente e irrenunciable.
La Ley 50-88, el Código Penal y la Constitución habilitan al Ministerio Público para actuar sin demora. Pero ante este alarmante silencio, un país se pregunta:
• ¿Dónde está la justicia?
• ¿Quién protege al denunciante?
• ¿Quién protege hoy al Estado?
Porque no actuar… también es crimen.
Síntesis: ¿Qué originó el caso?
Revocación de visas estadounidenses
El Departamento de Estado de EE. UU. canceló las visas del coronel Rafael Antonio Morales Herrero (Fuerza Aérea) y del coronel Eudis Ramírez Bautista (Ejército), quienes ejercían como directores de Asuntos Internos en el Ministerio de Defensa y el Ejército, respectivamente. Morales Herrero habría sido notificado en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) mientras intentaba salir del país con su familia.
Destino profesional inmediato
Ambos oficiales fueron destituidos de forma inmediata de sus cargos, ante la gravedad del hecho y dada la sensibilidad de sus funciones.
Posterior denuncia de Morales Herrero
Tras el incidente diplomático, Morales Herrero interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), señalando un supuesto entramado de corrupción y vínculos con el narcotráfico en altos mandos de la DNCD, el DNI y otros cuerpos militares.
Investigación en curso
Ambos coroneles están siendo investigados por un consejo de guerra y por el Ministerio Público bajo acusaciones que incluyen difamación, divulgación de datos oficiales y abuso de funciones. Esta situación agrega un nivel institucional de complejidad.
