Por Redacción 
Por Elías Wessin Chávez
Uno de los mayores problemas del debate político contemporáneo en América Latina no es la ausencia de normas, sino su aplicación ideológicamente selectiva.
Bajo el discurso de los derechos humanos, el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, una parte significativa de la izquierda regional ha construido un sistema de inmunidad política que protege a regímenes autoritarios siempre que se autodefinan como “progresistas” o “revolucionarios”.
Esta contradicción constituye una distorsión ética y jurídica del concepto mismo de legitimidad.
La izquierda latinoamericana ha reducido la legitimidad del poder a su origen electoral inicial, ignorando deliberadamente su ejercicio posterior.
De esta forma, regímenes que vacían las instituciones, controlan los poderes del Estado, eliminan la competencia política y reprimen libertades fundamentales son presentados como “gobiernos legítimos” por el simple hecho de haber ganado una elección en el pasado.
La legitimidad política no se agota en el procedimiento, sino que exige orientación al bien común, respeto a la dignidad humana y limitación moral del poder.
Cuando el Estado se convierte en un aparato de dominación personal o partidaria, pierde legitimidad, aunque conserve formalmente el gobierno.
En su narrativa, la izquierda, se vale del uso instrumental del Derecho Internacional. Invoca la no intervención como dogma absoluto para blindar dictaduras aliadas, pero se relativiza cuando el gobierno afectado no pertenece al mismo campo ideológico.
El derecho internacional no es un sistema moral autónomo, sino un marco normativo condicionado por la correlación de poder y por la responsabilidad de proteger el orden regional.
Convertir la soberanía en un derecho irrestricto del tirano equivale a negar la soberanía real del pueblo.
La experiencia histórica de Cuba, Nicaragua y Venezuela demuestra que la invocación permanente de la no intervención ha servido para consolidar sistemas de poder cerrados, incluyendo prácticas de sucesión hereditaria o designación autoritaria del liderazgo.
Mientras se condena cualquier intento de remoción de un régimen marxista (sea interno o externo), se justifica o minimiza la ruptura institucional cuando afecta a gobiernos conservadores.
El problema, entonces, no es el golpe de Estado como ruptura del orden constitucional, sino la identidad ideológica del gobierno derrocado. Esta lógica contradice cualquier teoría seria de la democracia y revela una concepción instrumental del poder, incompatible con el pluralismo político.
Es una postura éticamente insostenible, la democracia no puede defenderse selectivamente sin destruirse a sí misma.
El resultado final de este esquema es la normalización de la permanencia indefinida en el poder. La alternancia deja de ser un principio democrático para convertirse en una amenaza “contrarrevolucionaria”.
El Estado deja de ser servidor del pueblo y pasa a ser patrimonio de una élite ideologizada.
Esta lógica es incompatible con los valores de libertad, orden y civismo que entienden el poder como servicio, no como dominación; como responsabilidad moral, no como botín histórico.
Frente a este panorama, el marco a establecer debe ser la defensa de la democracia sustantiva, no solo procedimental; rechazo a la dictadura perpetua; la comprensión realista del sistema internacional sin renunciar a los principios republicanos y la centralidad de la dignidad humana frente al Estado ideologizado
La democracia no se protege sacralizando tiranos ni justificando rupturas selectivas.
Cualquier doctrina que declare a un gobernante intocable por razones ideológicas ha dejado de ser democrática, aunque se vista de legalidad, derechos humanos o retórica popular.
