Por Redacción 
Por Antonio Corcino
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 2026–2035 coloca a Verón–Punta Cana ante una decisión que marcará la próxima década: ordenar el crecimiento del principal enclave turístico del país mientras enfrenta una deuda histórica en planificación urbana, servicios públicos y protección ambiental. La propuesta guía abre dos caminos: uno para la nueva organización del suelo y otro a los debates de cómo armonizar la realidad económica con los criterios técnicos de uso del territorio.
Esta estrategia surge después de más de cinco décadas de expansión acelerada, en las que el turismo impulsó la economía local más allá de la capacidad de ordenar y regular de las instituciones. Entonces, en ese contexto, por vía de consecuencia, toca lidiar con las ocupaciones en áreas ambientalmente sensibles, asentamientos sobre terrenos con otras vocaciones y una infraestructura que no siempre avanzó al mismo ritmo del desarrollo inmobiliario. En ese panorama, los gestores del PMOT intentarán corregir ese desfase mediante una planificación enfocada hasta el 2035.
Bajo este imperativo, la aplicación del PMOT tendrá que redefinir el desarrollo urbano, las inversiones y el uso del suelo. Eso significa que hay que condicionar los proyectos públicos y privados a los que establezcan las nuevas normas previstas para la expansión territorial y la protección ambiental. Ahora bien, primero hay que unificar criterio sobre derechos adquiridos como de concesión minera.
El centro del debate no está únicamente en los mapas, sino en una pregunta que resume la actual tensión del territorio: ¿puede mantenerse la clasificación agrícola de un suelo cuya economía, inversión y empleo dependen mayoritariamente del turismo? La respuesta exige equilibrar criterios científicos, derechos adquiridos y expectativas de desarrollo sin sacrificar los recursos naturales que sostienen el propio destino turístico y su competitividad.
Ante las reacciones que han surgido, florece el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, quien propone como ruta que: Si científicamente se demuestra que eso no se puede urbanizar, hay que respetarlo. Y si existen elementos para reconsiderarlo, también deben presentarse dentro del diálogo.” (https://bavaronews.com/locales/obispo-de-la-altagracia-llama-a-respetar-el-marco-juridico-del-pot-de-punta-cana/)
En este umbral, la hazaña principal no es técnica, sino social e institucional. Si las razones que sustentan cada clasificación no son comunicadas con claridad y respaldadas por procesos de participación, la resistencia comunitaria podría aumentar y dificultar la ejecución del plan. A ello se suman los conflictos derivados de concesiones mineras, derechos adquiridos y asentamientos ya consolidados. Es ahí donde la actitud es de extender puente para articular intereses sin salirse de los del instrumento de ordenamiento.
Por ejemplo, uno de los puntos más discutidos del PMOT desde su presentación es la percepción de que numerosos sectores sociales no participaron plenamente durante las etapas de elaboración del documento. Para los residentes de la UOT de El Salado, el proceso comenzó cuando las decisiones fundamentales ya estaban definidas. Es decir, este momento está matizado por esta condición que requiere temple institucional para explicar cada criterio técnico con transparencia y abrir espacios de participación que fortalezcan la confianza ciudadana.
Este esquema para organizar el territorio parte de siete demarcaciones y la distribución del uso del suelo en tres categorías. Destina el 55 % del territorio (265 km²) a conservación ambiental, el 30 % (136 km²) a suelo urbano consolidado y el 15 % (82 km²) a expansión urbana. El hecho de que 12.38 km² de áreas protegidas y 2.77 km² de franjas de protección de cuerpos de agua tengan ocupaciones de residencias, comerciales, turísticas y agropecuarias requiere atención. Son decisiones que solo se pueden regularizar mediante instrumentos legales y administrativos. En esta circunstancia se identifican conflictos de mayor complejidad. La legitimidad institucional, la percepción de desigualdad y los derechos adquiridos convergen en un mismo punto de presión. La oportunidad para construir acuerdos existe, pero su margen es cada vez más estrecho. Entre ellos figura la superposición de aproximadamente cinco km² de asentamientos humanos sobre la concesión minera Los Higos, un escenario donde convergen derechos mineros, planificación urbana y ocupaciones consolidadas.
Identificados los temas de mayor complejidad. La legitimidad institucional, la percepción de desigualdad y los derechos adquiridos convergen en un mismo punto de presión. La oportunidad para construir acuerdos existe, pero su margen es cada vez más estrecho. Entre ellos figura la superposición de aproximadamente cinco km² de asentamientos humanos sobre la concesión minera Los Higos, un escenario donde convergen derechos mineros, planificación urbana y ocupaciones consolidadas. El modelo clasifica esa zona como «fuera de ordenación», lo que abre interrogantes sobre la coordinación entre el PMOT, la legislación minera y las competencias de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas.
A partir de ahora, el éxito del PMOT dependerá de la competencia de sus administradores para convertir un instrumento técnicamente sólido en un acuerdo social duradero. La verdadera prueba no será únicamente ordenar el territorio, sino lograr que comunidades, inversionistas y autoridades compartan una misma visión sobre el futuro de Verón–Punta Cana. Si ese consenso se construye, el proyecto podrá convertirse en la hoja de ruta que permita consolidar un desarrollo urbano compatible con la sostenibilidad ambiental y el liderazgo turístico de la región.
