Por Redacción 
Por Elías Wessin Chávez
La decisión del Tribunal Constitucional de despenalizar las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional marca un precedente que desnaturaliza la estructura disciplinaria que históricamente ha regido a las instituciones policiales, y por inferencia a las militares, en República Dominicana.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no son espacios de libre autodeterminación individual. Son instituciones de carácter especial, donde la disciplina, la cohesión y la subordinación constituyen pilares esenciales.
Por eso, el ingreso a ellas es voluntario y conlleva aceptar un régimen reglamentario más estricto que la vida civil. No existe, por tanto, violación de derechos: nadie está obligado a enlistarse, pero quien lo hace acepta de manera explícita las normas que garantizan la operatividad institucional.
Los Reglamentos Disciplinarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas establecen prohibiciones y sanciones para conductas que afectan la moral y la convivencia dentro de las filas.
Entre estas se encuentran las relaciones homosexuales, no por prejuicio, sino porque han demostrado generar tensiones internas, irrespeto a la cadena de mando, favoritismos, conflictos personales y rupturas, en la cohesión que requieren los cuerpos del orden.
El fallo del TC encaja en una tendencia regional (y global) donde poderes del Estado, en este caso el Judicial, comienzan a funcionar como instrumentos de reingeniería cultural.
El objetivo es claro: «deconstruir la sociedad dominicana, debilitando los pilares tradicionales sobre los cuales se sostiene el orden civilizatorio.»
Despenalizar lo que los reglamentos militares prohíben es un acto de imposición ideológica. Es una forma de presión cultural para forzar a las instituciones policiales y castrenses a alinearse con la lógica woke.
Pero lo más grave es que el fallo abre la puerta a un siguiente paso: la eventual declaración de constitucionalidad del matrimonio igualitario en República Dominicana, un objetivo que diversas ONG internacionales, agencias multilaterales y movimientos ideológicos vienen promoviendo desde hace años.
Una vez que se impone el criterio de que la vida policial y militar no puede regular conductas por razones de disciplina, tampoco podrá justificarse la reserva constitucional del matrimonio como unión entre hombre y mujer.
Reitero, este precedente preocupa porque coloca a la Policía y a las Fuerzas Armadas en un terreno inestable, susceptible a presiones externas que pueden comprometer su misión. Si los tribunales comienzan a reinterpretar la vida policial y militar desde parámetros ajenos a la lógica operativa policial y castrense, el siguiente paso será la revisión de figuras fundamentales del orden jurídico.
La seguridad nacional depende de instituciones fuertes, cohesionadas, disciplinadas y centradas en su misión. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no existen para satisfacer reivindicaciones ideológicas, sino para preservar la estabilidad del Estado.
Cuando la agenda woke logra penetrar en estas estructuras, la sociedad entera queda vulnerabilizada.
La sentencia del Tribunal Constitucional puede convertirse en un factor de desorden futuro. Las instituciones que protegen al país necesitan reglas claras, no imposiciones culturales disfrazadas de jurisprudencia.
