Por Redacción 
Por Richard Moreta Castillo
El sol caribeño sigue calentando con la misma intensidad sobre las costas dominicanas y el rumor de las olas en el malecón parece invariable, pero en las aguas profundas de la geopolítica internacional se gestan marejadas que amenazan con tocar nuestras orillas con fuerza devastadora. Vivimos en una economía abierta y profundamente interconectada donde un entrenamiento militar en el golfo Pérsico, un bloqueo naval en los estrechos de navegación o el estallido de un conflicto de escala planetaria termina sintiéndose en el presupuesto de la doña que va al colmado en Santo Domingo, en la tarifa del concho, en la factura del gasoil y en el balance final del Banco Central.
En los despachos diplomáticos y en las cadenas analíticas internacionales se discute hoy un escenario global movedizo y extremadamente peligroso. Lejos de calmarse, las tensiones en el Cercano Oriente amenazan con extenderse hacia una conflagración de amplias proporciones sin un horizonte claro de resolución. Detrás del telón del discurso diplomático, los flujos masivos de armamento estratégico de alta capacidad destructiva y la parálisis en las conversaciones de paz mantienen bajo constante amenaza la libre navegación en el estrecho de Ormuz, el punto neurálgico por donde transita cerca del veinte por ciento del petróleo mundial.
A la par con este convulso panorama, en Europa del Este la contienda bélica prolongada muestra signos de desgaste estructural. La aceleración en el desarrollo de tecnologías militares, el control satelital de drones en tiempo real y la conversión de economías completas hacia modelos de guerra reflejan que el conflicto ha superado las fronteras regionales. Las cúpulas internacionales miden sus fuerzas y ajustan presupuestos de rearme, mientras las poblaciones locales absorben el costo demográfico, social y fiscal de guerras de desgaste que parecen presagiar un reordenamiento violento del orden global.
Para la República Dominicana, esta dinámica de potencial confrontación global trasciende el análisis teórico de la política exterior; representa un impacto directo en las variables macroeconómicas clave que sostienen la estabilidad nacional. Nuestra condición de economía insular dependiente de insumos externos nos ubica en una posición de alta sensibilidad ante cualquier shock de oferta o interrupción en las cadenas globales de valor.
El primer canal de transmisión y el más inmediato es la factura petrolera y la política fiscal. La República Dominicana no produce hidrocarburos y depende de la importación para mover el transporte, generar energía eléctrica y alimentar la industria. Las presiones geopolíticas en el Medio Oriente empujan las cotizaciones internacionales del petróleo WTI y de sus derivados hacia umbrales volátiles. Los datos económicos recientes revelan la magnitud de esta exposición: durante el primer semestre del año, las importaciones dominicanas de derivados del petróleo alcanzaron los 1,804.83 millones de dólares, lo que supuso un incremento de 414.55 millones de dólares —equivalente a un aumento del 29.82 %— con respecto a los 1,390.28 millones registrados en el mismo período del año anterior.
Este sobrecoste en las importaciones energéticas coloca al Ministerio de Hacienda en un complejo dilema presupuestario. Para evitar un traslado abrupto de los precios internacionales a la canasta familiar, el Estado dominicano se ve obligado a canalizar sumas extraordinarias hacia los subsidios a los combustibles. Cuando el presupuesto original contempla alrededor de 12,000 millones de pesos para subsidiar carburantes pero la realidad geopolítica dispara ese desembolso por encima de los 27,000 millones de pesos en un solo año, el costo de oportunidad fiscal es abrumador. Cada peso adicional destinado a congelar el precio de la gasolina regular o del gasoil en la bomba es un peso que se resta a la inversión pública en infraestructura, salud, educación o saneamiento.
A este impacto fiscal se suma la transmisión inflacionaria sobre el consumidor. Cuando los costos de los carburantes y los márgenes de refinación se elevan, el índice de precios al consumidor experimenta variaciones ascendentes. La inflación interanual, que se mantenía en torno al 5.11 %, escaló paulatinamente hasta situarse en un 5.67 %, sobrepasando el rango meta fijado por las autoridades monetarias. El grupo de transporte —impulsado por las alzas en las gasolinas y el diésel— ha llegado a registrar variaciones mensuales superiores al 1.14 %, arrastrando consigo los fletes internos, los costos de distribución agrícola y el precio final de los alimentos de primera necesidad en el mercado local.
Un segundo renglón crítico es el sector agrícola y la seguridad alimentaria. Los conflictos internacionales en regiones productoras o de tránsito de materias primas impactan de forma severa el precio de los fertilizantes nitrogenados y de insumos como la urea. En coyunturas de alta tensión internacional, el precio de la urea ha llegado a duplicarse en cuestión de meses en los mercados de commodities, pasando de niveles cercanos a los 484 dólares por tonelada métrica a cotizarse sobre los 850 dólares. Para sostener la producción en los valles del Cibao, San Juan y Constanza, el Gobierno ha tenido que habilitar programas extraordinarios de subsidio a los fertilizantes que superan los 1,000 millones de pesos, protegiendo así la rentabilidad de los productores agropecuarios y evitando un desabastecimiento o una espiral alcista en los víveres de consumo diario.
El tercer pilar vulnerable en esta cadena de transmisión global es el turismo, motor indispensable para la captación de divisas y la generación de empleo directo e indirecto. El turismo internacional es altamente sensible al costo del transporte aéreo. Un conflicto persistente en zonas de refinación eleva directamente la cotización del queroseno de aviación (Jet A-1). Si las aerolíneas internacionales enfrentan costos operativos más altos, el precio de los pasajes hacia el Caribe se incrementa. A esto se añade la desaceleración del poder adquisitivo en Europa y Norteamérica provocada por la inflación interna y el reordenamiento del gasto público hacia la defensa. Un menor flujo de visitantes hacia destinos como Punta Cana, Puerto Plata o Romana desencadena una reacción en cadena que afecta a la hotelería, al comercio artesanal, al sector gastronómico y al transporte turístico local.
En cuarto lugar, el canal de las remesas y el sector externo se encuentran entrelazados con la salud económica de los países de acogida de la diáspora. Aunque la comunidad dominicana en el exterior ha demostrado una resiliencia histórica extraordinaria —aportando flujos que superan los 8,400 millones de dólares en periodos de ocho meses—, la presión inflacionaria y el encarecimiento del costo de la vida en ciudades como Nueva York, Miami o Madrid reducen la capacidad de ahorro de los emigrantes. El Banco Central mantiene un monitoreo continuo sobre el balance de la cuenta corriente y las reservas internacionales netas, consciente de que un deterioro simultáneo en los ingresos por turismo y en el ritmo de crecimiento de las remesas tensionaría la estabilidad del tipo de cambio frente al dólar norteamericano.
Ante la amenaza tangible de un choque bélico a gran escala o una Tercera Guerra Mundial diferida en múltiples frentes, la República Dominicana no puede permanecer en una posición pasiva de simple observación. El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Gabinete Económico, la Junta Monetaria y las Fuerzas Armadas, debe ejecutar de manera inmediata un plan nacional de contingencia y resiliencia estratégica articulado en torno a cinco ejes fundamentales:
En primer lugar, se requiere la creación de un Fondo Nacional de Reserva Energética y de Combustibles de Emergencia. Es indispensable ampliar la capacidad de almacenamiento térmico y de crudo del país, garantizando una reserva mínima estratégica de sesenta a noventa días para evitar paralizaciones en la red vial y en la generación eléctrica ante un cierre prolongado de las rutas marítimas internacionales. Asimismo, este eje contempla acelerar los contratos de compra a largo plazo con coberturas financieras (hedging) para fijar techos al precio del petróleo y reducir la volatilidad fiscal.
En segundo lugar, el Gobierno debe implementar un Plan de Soberanía Alimentaria de Urgencia a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Inestabilidad de Precios (INESPRE). Esto implica la creación de una reserva estratégica de granos básicos (arroz, maíz, habichuelas y soya) y el aseguramiento del suministro de fertilizantes mediante acuerdos directos de estado a estado con países productores no involucrados en el teatro de operaciones principal. Paralelamente, se debe priorizar el financiamiento a tasa cero a través del Banco Agrícola para la producción de ciclo corto en el valle de San Juan y el Cibao.
En tercer lugar, en el ámbito fiscal y monetario, se debe aplicar un protocolo de austeridad gubernamental y reestructuración del gasto público. El Estado debe congelar las compras no esenciales y redirigir los fondos corrientes hacia el fortalecimiento de la red de protección social —mediante la expansión focalizada de subsidios a través de la tarjeta Supérate— para blindar a las familias de menores ingresos frente a la inflación importada. A su vez, el Banco Central debe mantener un manejo prudente de la tasa de política monetaria y de las reservas internacionales netas para mitigar presiones especulativas contra el peso dominicano y garantizar la liquidez en divisas para las importaciones de primera necesidad.
En cuarto lugar, se debe acelerar la ejecución del Plan de Transición Energética y Microredes de Infraestructura Crítica. Se impulsará la instalación acelerada de parques solares, eólicos y sistemas de almacenamiento con baterías, priorizando la interconexión de hospitales, sistemas de bombeo de agua potable, puertos y aeropuertos a fuentes renovables autónomas. Esta medida reducirá de forma permanente la dependencia del diésel importado para mantener operativa la infraestructura básica del país durante un corte prolongado en las cadenas internacionales de suministro.
En quinto lugar, el país debe activar un Protocolo de Logística y Seguridad Marítima Comercial en coordinación con la Armada de la República Dominicana y la Autoridad Portuaria. Ante el encarecimiento global de los fletes y la escasez de espacio en contenedores, se establecerá una mesa de trabajo permanente con las líneas navieras que operan en los puertos de Caucedo, Haina y Puerto Plata para garantizar rutas prioritarias de abastecimiento de medicinas, insumos industriales y alimentos provenientes de mercados del continente americano.
Las marejadas geopolíticas que se mueven al otro lado del océano nos recuerdan nuestra fragilidad y nuestra interconexión con el planeta. El Caribe ya no puede ser visto como una esquina aislada del mundo. Diseñar y ejecutar con rigor este plan de acción ante un escenario de conflicto mundial no es un ejercicio de pesimismo, sino el único camino responsable para proteger la estabilidad, la soberanía alimentaria y la paz social de la República Dominicana.
