Por Redacción 
El reciente caso del inexplicable arresto por 36 horas del periodista dominicano Edward Ramírez, reabre el debate respecto a brutalidad policial en República Dominicana.
Redacción Exposición Mediática.- ¿Cómo se esconde alguien con una bombilla encendida?
El inexplicable arresto por 36 horas del periodista dominicano Edward Ramírez, reabre el debate respecto a brutalidad policial en República Dominicana en momentos que se trabaja en una Reforma Policial que parece desea ser torpedeada.
Como pólvora digital se viralizó la noticia de que el periodista de El Nuevo Diario, el joven Edward Ramírez había sido reportado como desaparecido, cuando en realidad se encontraba bajo custodia policial en lo que aparentó ser más un caso de accionar individual, que una determinación vía los lineamientos de la institución del orden.
Responsabilizando a un miembro de la Policía Nacional y precisando que no persigue satanizar a la institución del orden, Ramírez únicamente identificó como «Paniagua» al oficial quien habría cometido el abuso en su contra.
El periodista colgó hoy un extenso audiovisual de 10 minutos y 40 segundos, el cual tituló «Mi Verdad«, vertiendo de manera firme y detallada los hechos.
Conforme revela Ramírez en su audiovisual, tras ser arrestado muy a pesar de haber presentado sus credenciales que constataron quien era, igual fue arrestado por ser «sospechoso de robo».
Ramírez no fue llevado directamente al destacamento donde sr reveló estaba eventualmente, sino que desde las 12:30 p.m. hasta las 6:00 a.m., fue mantenido en el vehículo policial que se utiliza para realizar los operativos asignados.
Su teléfono jamás volvió a saber del mismo y aún cuando se le comunicó que tras identificarle, se procedería con su liberación, ésto no ocurrió sino 36 horas después de su controversial arresto.
Es urgente una investigación transparente, con respeto al debido proceso, y un informe oficial que aporte claridad.
El Estado de Derecho no se defiende únicamente cuando hay escándalo; se defiende precisamente cuando los silencios parecen más elocuentes que las respuestas.
Misión Policial
Según su Misión Constitucional, la Policía Nacional tiene por misión salvaguardar la seguridad ciudadana; prevenir y controlar los delitos; perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes. (Art. 255, Constitución de la República Dominicana).
Actuación apegada al debido proceso
Toda vez que una persona es depurada, si no presenta situación judicial, debe sencillamente ser dejada en su libre accionar individual.
Contradecir eso, pone en entredicho uno de los fines fundamentales que aspira la Reforma Policial: confianza ciudadana. Así entra en vigor inmediato el ejercicio comprometido con la seguridad y la gobernanza democrática.
Consciencia ciudadana
Sabemos que no todo se ejecutará con un simple chasquido de dedos. La reforma policial es un proceso complejo que requiere tiempo y recursos para lograr cambios significativos.
Es fundamental mantener el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para garantizar el éxito de la reforma y sumado a eso la coordinación interinstitucional y la colaboración con otros sectores de la sociedad son clave para abordar los desafíos de seguridad de manera integral.
Lo que se espera
La población requiere una respuesta clara, efectiva y sin vacilación respecto a este caso que ha provocado malestar social por demás ya que el arresto arbitrario de Edward Ramírez durante 36 horas sin explicación ni acceso a derechos básicos no es un hecho aislado: forma parte de una narrativa que vulnera la dignidad personal y lacera la ejecución de protección ciudadana.
No es posible que se retenga a una persona y privarle de su derecho a comunicación, la falta de acceso a un abogado, privarle de alimentos vía una imposición arbitraria de autoridad e inequidad en el trato frente a ciudadanos comunes.
Aparte de lo antes expuesto, se hace imperativo precisar que el reclamo ciudadano exige (estando en su derecho) transparencia, ya que la indignación ciudadana no es producto del caso Ramírez únicamente, sino de la acumulación de injusticias institucionales.
La ciudadanía espera sanciones públicas y ejemplares contra los agentes involucrados; auditoría externa a procedimientos policiales; reformas reales en protocolo de detención, comunicación y custodia y protección efectiva de periodistas y defensores de derechos humanos.
Síntesis
En un escenario que impere un cerco informativo, se generan sospechas de encubrimiento o de falta de voluntad política para enfrentar estos casos con transparencia.
