Por Redacción 
Félix Portes, reconocido jurista y abogado penalista dominicano, oriundo de Santiago de los Caballeros. Conocido en los medios de comunicación y plataformas digitales por su alta tasa de éxito en casos de gran repercusión mediática, así como por ejercer el derecho penal, civil, comercial y constitucional.
El abogado advierte que un precedente como este podría enviar un mensaje de impunidad cuando existen fama y poder económico.
Fuente: https://x.com/FelixPortes/
Santo Domingo, R.D.- Las recientes declaraciones del abogado y comunicador Félix Portes sobre el caso de Wander Franco han reabierto uno de los debates más delicados dentro del sistema judicial dominicano: ¿puede una extorsión posterior disminuir la gravedad de un hecho penal previamente consumado?
Portes sostiene una posición tajante: la extorsión no elimina el crimen original. Según su planteamiento, el supuesto chantaje surge precisamente después de ocurrido el hecho denunciado, por lo que no puede convertirse en un elemento suficiente para diluir la responsabilidad principal ni justificar una percepción de “víctima colateral” respecto al acusado.
“El abuso ya estaba consumado antes de la extorsión”, expresó el jurista en una publicación difundida en la red social X, donde además afirmó que “sin crimen, no hay espacio para chantaje”.
El argumento tiene peso lógico y jurídico. Si un delito ya se consumó, las acciones posteriores de terceros —aunque también sean ilegales o reprochables— no alteran necesariamente la existencia inicial del hecho. De ahí nace la preocupación central expuesta por el abogado: el precedente.
La inquietud no se limita al caso mediático de una figura deportiva internacional. Lo verdaderamente sensible es el mensaje institucional que podría interpretar la ciudadanía. Si acuerdos posteriores, desistimientos o conflictos derivados del caso terminan influyendo de manera determinante en la consecuencia penal, muchos podrían concluir que el sistema judicial opera de manera distinta cuando existen poder económico, influencia o notoriedad pública.
Portes también planteó una reflexión particularmente incómoda para cualquier democracia: la diferencia entre legalidad y legitimidad social. Una decisión judicial puede estar sustentada técnicamente dentro del marco procesal y, aun así, provocar rechazo colectivo si la sociedad percibe que el resultado contradice el sentido básico de justicia.
“Sin eso, esto no es justicia. Es impunidad con sello judicial”, afirmó.
Ese punto explica la intensidad del debate público alrededor del caso. Para amplios sectores, no se discute únicamente un expediente judicial, sino la confianza misma en la igualdad ante la ley.
No obstante, también es importante reconocer que las decisiones de los tribunales suelen responder a elementos complejos que trascienden la discusión mediática. Sin acceso completo a la motivación íntegra de la sentencia, cualquier valoración absoluta corre el riesgo de simplificar un proceso legal potencialmente más amplio.
Aun así, el señalamiento de Félix Portes introduce una advertencia que merece atención: cuando la percepción pública comienza a asociar fama y dinero con consecuencias penales reducidas, el daño institucional puede extenderse mucho más allá de un solo caso.
La justicia no solo necesita ser aplicada; también necesita conservar credibilidad frente a la sociedad que observa sus decisiones.
