Por Redacción 
Por Otto De La Torre
El 24 de abril de 1965 sigue siendo uno de los episodios más complejos y debatidos de la historia política de la República Dominicana. Ese día, un grupo de militares y civiles, bajo la bandera de los llamados “constitucionalistas”, se alzó en armas con el propósito de devolver al poder al profesor Juan Bosch, quien había sido depuesto dos años antes por un golpe militar.
A casi seis décadas de distancia, la llamada Revolución de Abril continúa siendo motivo de discusión y análisis entre historiadores, políticos y la sociedad civil.
Algunos sectores insisten en verla como una gesta patriótica y democrática, mientras otros señalan que sus consecuencias inmediatas fueron el desorden, la violencia y el riesgo de llevar al país hacia un escenario aún más grave de inestabilidad y pobreza. ¿Fue aquella insurrección un intento legítimo de rescatar la democracia, o más bien un conflicto que, de haber triunfado, pudo haber arrastrado a la nación por un camino incierto y peligroso?.
Entre la defensa constitucional y el caos social
El levantamiento de abril de 1965 se inscribe en el contexto de la Guerra Fría, cuando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética definían la política internacional.
Luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Washington endureció su política hacia América Latina, aplicando la llamada “Doctrina Johnson”, que justificaba intervenciones militares para frenar la expansión del comunismo en la región (Gleijeses, 2002).
En ese clima, la rápida reacción de Estados Unidos ante el conflicto dominicano —con el desembarco de más de 22,000 marines bajo la Operación Power Pack— tuvo como objetivo explícito evitar la creación de “otra Cuba” en el Caribe (Morales Domínguez, 2013).
A la intervención estadounidense se sumó luego la Fuerza Interamericana de Paz, auspiciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El saldo de esta revolución fue trágico: centenares de muertos y heridos, la paralización de la economía nacional, y una ocupación extranjera que profundizó las divisiones políticas y sociales.
El historiador Frank Moya Pons subraya que el conflicto dejó una “capital destruida y un país desgarrado por la violencia y la polarización” (Moya Pons, 2010).
Aunque la intención de los constitucionalistas era restaurar el gobierno legítimo de Bosch, la falta de organización política y de un plan económico viable abría la puerta a múltiples escenarios, algunos de ellos cercanos a la radicalización ideológica que ya había mostrado consecuencias desastrosas en otras naciones del continente.
El peligro de las revoluciones sin proyecto de nación
La pregunta que suele quedar fuera del debate es: ¿qué habría pasado si la revolución hubiese triunfado? Más allá de las buenas intenciones, en aquel momento existía el riesgo real de que el país quedara atrapado en la lógica de los movimientos revolucionarios de la época, muchos de los cuales terminaron instalando regímenes autoritarios de izquierda o de derecha, cerrados al mundo y económicamente inviables.
El sociólogo Bernardo Vega, en su análisis de la revolución, advierte que el contexto regional y la presión internacional hacían difícil pensar en una salida democrática estable si el conflicto se extendía o radicalizaba (Vega, 1995).
Los ejemplos cercanos son contundentes: Cuba, con décadas de bloqueo y economía planificada bajo partido único; Haití, con dictaduras y una pobreza estructural profunda; o más recientemente Venezuela, con hiperinflación y colapso social bajo el discurso de una “revolución bolivariana”.
Ese posible desenlace, aunque contrafactual, permite entender por qué sectores importantes de la sociedad dominicana vieron en la rápida pacificación del conflicto —aunque imperfecta— un mal menor frente a las alternativas más radicales.
Balaguer y la construcción de estabilidad
Luego de la intervención internacional y el fracaso de la insurrección, la República Dominicana entró en un proceso de reorganización política que llevó a Joaquín Balaguer a la presidencia en 1966.
Sus primeros doce años de gobierno estuvieron marcados por autoritarismo y persecución a los opositores, pero también por la construcción de importantes obras de infraestructura y por el crecimiento económico.
Diversos estudios económicos, como el de José del Castillo Pichardo (2005), señalan que durante el período de Balaguer se sentaron las bases para la consolidación de una clase media dominicana, a través de políticas de vivienda, electrificación y desarrollo agrícola.
En esa etapa se construyeron presas, carreteras y puentes, y se fortaleció la capacidad productiva nacional, lo que permitió mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Este proceso de estabilidad, aunque no exento de sombras, fue clave para que la República Dominicana no cayera en las espirales de violencia o deterioro institucional que vivieron otras naciones de la región.
La democracia que se pudo construir
Un hecho histórico fundamental fue la alternancia democrática de 1978, cuando Joaquín Balaguer reconoció su derrota electoral ante Antonio Guzmán, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Este acontecimiento marcó un punto de inflexión, ya que por primera vez en la historia moderna dominicana un presidente salía del poder por la vía de las urnas y no por la violencia o los golpes de Estado.
Desde entonces, el país ha sostenido un proceso democrático relativamente estable, con elecciones regulares, participación de distintos partidos y respeto —aunque con altibajos— al orden constitucional.
Este logro no se puede desligar de las bases de estabilidad económica y social que, con todos sus defectos, se construyeron en la etapa posterior a la crisis del 1965.
Reflexiones finales: aprender del pasado sin romantizar el conflicto
La Revolución de Abril de 1965 merece ser recordada y estudiada con el respeto que implica cualquier intento de defensa de la institucionalidad democrática. Pero también requiere ser analizada con la objetividad que aporta la perspectiva histórica.
El fracaso del movimiento constitucionalista, aunque doloroso para muchos de sus protagonistas, evitó que el país cayera en modelos revolucionarios que, en otros contextos, demostraron ser más destructivos que liberadores.
La experiencia dominicana muestra que la estabilidad política y el desarrollo económico, aun dentro de regímenes imperfectos, pueden abrir caminos más sólidos hacia la construcción de la democracia.
Más que alimentar mitos o caer en simplificaciones, el análisis de este capítulo de la historia nacional invita a reflexionar sobre la importancia de las instituciones, el diálogo político y la construcción de consensos como vías efectivas para alcanzar el progreso y la libertad.
Fuentes consultadas:
•Castillo Pichardo, José del. Sociedad y economía dominicana: Una visión histórica. Ediciones CIES, 2005.
•Gleijeses, Piero. The Dominican Crisis: The 1965 Constitutional Revolt and American Intervention. Johns Hopkins University Press, 2002.
•Morales Domínguez, Esteban. Estados Unidos y el Caribe: política, economía y seguridad. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2013.
•Moya Pons, Frank. Historia de la República Dominicana. Editorial UCMM, 2010.
•Vega, Bernardo. La Revolución de Abril: apuntes y testimonios. Fundación Cultural Dominicana, 1995.
