Por Redacción 
Redacción Exposición Mediática.- El hemiciclo estaba lleno. Afuera, la policía contenía a pequeños grupos de manifestantes; adentro, el tablero electrónico marcaba los votos que sellaban otro capítulo abrupto en la historia reciente del país. El presidente —apenas meses en el cargo— era destituido por el Congreso. No hubo ruptura institucional visible, ni tanques en las calles, ni suspensión de garantías. Solo un procedimiento constitucional ejecutado con velocidad quirúrgica. Una vez más, el Perú cambiaba de jefe de Estado sin cambiar de sistema.
La escena, repetida en distintas versiones durante la última década, no es un accidente político aislado. Es la expresión más reciente de una tensión estructural que atraviesa al régimen peruano: un presidencialismo con herramientas de remoción amplias, un Congreso fragmentado y una ciudadanía que desconfía tanto del Ejecutivo como del Legislativo. La pregunta no es únicamente quién cae, sino por qué el sistema parece producir inestabilidad como resultado recurrente.
El patrón detrás del episodio
Desde 2016, el Perú ha tenido una rotación presidencial inusualmente alta para una democracia que mantiene elecciones periódicas, alternancia formal y continuidad administrativa. La herramienta constitucional de la “incapacidad moral permanente”, prevista en el artículo 113 de la Carta Magna de 1993, se ha convertido en el mecanismo clave de remoción. Su redacción amplia —pensada originalmente para situaciones excepcionales— ha sido interpretada con flexibilidad política.
En términos jurídicos, el procedimiento es constitucional. En términos políticos, su uso reiterado ha transformado el equilibrio de poderes. El Congreso no solo fiscaliza: condiciona, presiona y, llegado el caso, sustituye. El Ejecutivo, por su parte, gobierna bajo la sombra permanente de una eventual vacancia.
El resultado es un presidencialismo con rasgos de parlamentarización informal: el jefe de Estado depende de mayorías volátiles en un Legislativo altamente fragmentado. La estabilidad del mandato no se define exclusivamente en las urnas, sino en la aritmética congresal cotidiana.
Diseño institucional y fragmentación
El problema no se reduce a la cláusula de vacancia. El sistema de partidos peruano es uno de los más débiles de la región en términos de institucionalización. Las organizaciones políticas tienden a ser vehículos electorales antes que estructuras programáticas sólidas. La volatilidad electoral es alta; la disciplina partidaria, limitada; la cohesión ideológica, difusa.
En ese contexto, el Congreso se compone de múltiples bancadas con incentivos divergentes y horizontes de corto plazo. La negociación política se vuelve transaccional y fragmentaria. Sin partidos fuertes que articulen agendas estables, la gobernabilidad depende de pactos precarios.
Además, el régimen permite la disolución del Congreso por parte del Ejecutivo bajo ciertas condiciones, lo que añade un elemento de confrontación latente. El diseño institucional peruano, más que fomentar la cooperación interorgánica, incorpora mecanismos que facilitan la escalada del conflicto.
No se trata de ausencia de reglas. Se trata de reglas que, combinadas con un sistema partidario débil, generan incentivos a la confrontación.
Crisis de representación y legitimidad
La inestabilidad política no puede comprenderse únicamente desde el texto constitucional. Hay un trasfondo sociopolítico. Las encuestas de opinión muestran, desde hace años, niveles bajos de confianza en el Congreso, los partidos y la presidencia. La percepción de corrupción atraviesa el espectro político.
Paralelamente, el país presenta una paradoja: estabilidad macroeconómica relativa —con instituciones técnicas consolidadas en materia fiscal y monetaria— y fragilidad política persistente. Es posible mantener disciplina económica mientras se deteriora la legitimidad del sistema de representación.
Las brechas territoriales y sociales también influyen. La distancia entre Lima y las regiones andinas y amazónicas no es solo geográfica; es política y simbólica. La representación nacional no siempre se traduce en inclusión efectiva. Cuando la legitimidad es frágil, cualquier crisis coyuntural puede convertirse en detonante institucional.
¿Ingobernabilidad o disfunción crónica?
El término “ingobernable” circula con frecuencia en el análisis internacional sobre el Perú. Sin embargo, conviene precisar conceptos. La ingobernabilidad, en sentido estricto, implicaría incapacidad del Estado para ejercer control territorial, colapso de la autoridad pública o ruptura del orden constitucional.
Ese no es el caso peruano. Las Fuerzas Armadas permanecen subordinadas al poder civil. El calendario electoral se respeta. Las instituciones administrativas funcionan. La economía no ha colapsado.
Lo que existe es un sistema político crónicamente tensionado. La alternancia no deriva de elecciones regulares, sino de crisis sucesivas. El mandato presidencial se percibe como condicional. La confrontación Ejecutivo–Legislativo se ha normalizado.
Desde una perspectiva comparada, el Perú no es un Estado fallido, pero sí un régimen con baja estabilidad política. La diferencia es sustantiva. La continuidad del aparato estatal convive con la erosión del capital político.
Incentivos perversos y ciclos cortos
Un elemento central es la lógica de corto plazo. Con mandatos amenazados y mayorías inestables, los actores priorizan supervivencia política sobre reformas estructurales. La posibilidad constante de vacancia incentiva estrategias defensivas. El Congreso, a su vez, opera con incentivos fragmentados y sin costos institucionales significativos por la remoción reiterada de presidentes.
Se configura así un ciclo:
•Ejecutivo débil sin mayoría sólida.
•Congreso fragmentado con capacidad de censura.
•Crisis política y acusaciones cruzadas.
•Destitución o renuncia.
•Reconfiguración parcial del escenario.
•Repetición.
La institucionalidad no se rompe, pero tampoco se consolida.
¿Reforma o repetición?
Las salidas estructurales son conocidas en el debate académico y político: redefinir la causal de vacancia, fortalecer la institucionalización partidaria, revisar el equilibrio entre poderes, ajustar incentivos electorales para reducir fragmentación. Sin embargo, toda reforma exige acuerdos amplios en un sistema caracterizado por la desconfianza mutua.
El riesgo no es únicamente la repetición del ciclo. También existe la posibilidad de que, ante la fatiga ciudadana, emerja un liderazgo que proponga concentrar poder bajo la promesa de estabilidad. En América Latina, la historia muestra que las crisis prolongadas pueden abrir espacio a soluciones de fuerte personalización del poder.
La paradoja es evidente: la fragilidad institucional puede convertirse en argumento para debilitar aún más los contrapesos.
Más allá del titular
Cada destitución genera titulares, pero el fenómeno trasciende al individuo. No se trata de evaluar la gestión de un presidente específico, sino de examinar la arquitectura política que permite y reproduce la inestabilidad.
El Perú ha demostrado resiliencia administrativa y económica. Sin embargo, la legitimidad política es un recurso que se erosiona con rapidez cuando la percepción de crisis permanente se instala. La democracia no se mide solo por la existencia de procedimientos formales, sino por la capacidad de generar gobiernos que completen sus mandatos y articulen consensos mínimos.
La escena en el hemiciclo —los votos iluminando el tablero electrónico— es constitucional. Pero su repetición constante plantea una interrogante más profunda sobre la sostenibilidad del modelo.
Si la estabilidad no proviene de la continuidad de los liderazgos sino de la rotación acelerada de presidentes, ¿está el sistema político peruano diseñado para administrar crisis indefinidamente o necesita una redefinición de sus reglas fundamentales para salir del ciclo?
