Por Redacción 
Los tapones son cotidianos, pero no siempre está claro quién debe responder por ellos.
Por Yeralffi Arache
Hace algunos días, conversando con mi cuñado, terminamos hablando de uno de esos temas que aparecen casi inevitablemente cuando uno se mueve por nuestras ciudades: los tapones. Hablábamos del tránsito, de los ayuntamientos, del INTRANT, de la DIGESETT, de los semáforos, de las motocicletas… en fin, de todo eso que vemos en la calle todos los días. Y en medio de la conversación surgió una pregunta muy sencilla, pero mientras más la pensábamos, menos sencilla parecía.
¿Quién responde cuando la ciudad deja de moverse?
Porque un tapón puede comenzar por cualquier cosa: una intersección congestionada, un vehículo estacionado donde no debe, una guagua parada en plena vía, motocicletas buscando cualquier espacio o un semáforo que no responde al flujo real. La escena es cotidiana. Lo que no es tan claro es quién tiene que resolverla.
Sobre el papel, la cosa parece más o menos ordenada. INTRANT como órgano rector nacional de la movilidad, los ayuntamientos ordenando el tránsito dentro de sus municipios, DIGESETT fiscalizando y controlando en la calle, y Obras Públicas interviniendo en la infraestructura vial que le toca. En papel se entiende. En la calle, no siempre.
Porque muchas veces esas competencias terminan encontrándose sobre una misma vía y frente a un mismo problema. Entonces pasa algo que todos conocemos: cada institución puede explicar correctamente cuál es su competencia y, aun así, el ciudadano permanece en el tapón.
Eso es lo que podríamos llamar responsabilidad difusa. Cuando varias instituciones tienen un pedazo de la competencia, debería quedar claro quién dirige, quién ejecuta, quién fiscaliza y, sobre todo, quién responde por resultados. Porque tener una competencia pública no es solamente tener una facultad escrita en una ley. Es también asumir responsabilidad frente al ciudadano.
El caso de las motocicletas ayuda a entender la magnitud del desafío. Según la DGII, al cierre de 2025 las motocicletas representaban el 57.9 % de los vehículos registrados en el país. La motocicleta no es un elemento marginal del tránsito dominicano. Es uno de los principales medios de movilidad y sostiene dinámicas económicas y sociales importantes.
Pero ese crecimiento no siempre estuvo acompañado, con el mismo ritmo y continuidad, por procesos de regulación, formalización, educación y fiscalización. Y ojo, no se trata de culpar a la motocicleta ni al motociclista. Eso sería demasiado fácil. Se trata de reconocer que cuando una realidad de movilidad crece durante años sin suficiente planificación y seguimiento, después intentamos corregir mediante operativos lo que debimos administrar como política pública.
Y un operativo, por más necesario que sea, no sustituye una política pública permanente. La prueba real empieza cuando termina el operativo. ¿Quién da seguimiento? ¿Quién mantiene el control? ¿Quién facilita la regularización? ¿Quién fiscaliza de manera constante?
Y esto no pasa solo con las motocicletas. Pasa con rutas de transporte que se detienen en cualquier lugar, con vehículos estacionados ocupando carriles completos, con intersecciones que colapsan siempre, con aceras ocupadas, con carga y descarga en horas críticas, con semáforos que no responden adecuadamente al flujo vehicular. Todo eso necesita algo más que presencia ocasional en la calle. Necesita gestión. Y gestionar una ciudad implica planificación, coordinación y responsabilidad.
Quizás no necesitamos crear otra institución. Agregar otra capa podría complicar más algo que ya es difícil de entender. Lo que sí necesitamos es claridad sobre quién lleva la voz cantante en cada caso, cómo se coordinan las instituciones y cómo se miden los resultados.
Porque la coordinación no puede ser excusa para mover la responsabilidad de un lado a otro. Si la solución necesita de varias autoridades, entonces esas autoridades tienen también la obligación de coordinarse y producir resultados.
Y cada institución podría hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Qué parte de este problema me corresponde a mí… y la estoy asumiendo?
Y el ciudadano debería poder formular otra pregunta igual de sencilla: ¿a quién le corresponde resolverlo y cómo puedo exigir resultados? Porque nadie debería tener que estudiar leyes ni memorizar el organigrama del Estado para saber a quién reclamar cuando una intersección lleva meses congestionada.
Debería ser mucho más simple. Debería poder identificar quién planifica, quién ejecuta, quién fiscaliza y quién responde.
Porque una cosa es tener competencias… y otra muy distinta es asumir responsabilidad.
Y en el fondo, seguimos llegando a la misma pregunta: ¿Quién responde cuando la ciudad deja de moverse? No es una pregunta curiosa; es una pregunta necesaria.
Porque mientras la responsabilidad siga moviéndose de un lugar a otro, probablemente lo único que seguirá sin moverse será el tránsito.
