Por Redacción 
Por Marcos Sanchez
Como testigo lectoral de la conversación pública que se ha desarrollado en torno al caso de Jhossan Capell, considero necesario detenerse a observar no solamente el hecho que hoy ocupa el interés de muchos ciudadanos, sino también las reacciones sociales que ese hecho ha provocado.
Imperativo dejar algo claro desde el inicio: esta reflexión no pretende sustituir el rol de la justicia, tampoco emitir condenas paralelas ni alimentar juicios anticipados. La justicia tiene su espacio, sus procedimientos y su responsabilidad institucional. Corresponde respetar el debido proceso, permitir que las autoridades determinen lo que en derecho corresponda y reconocer que toda persona merece las garantías que establece la ley.
Dicho eso, como observador de la conversación pública, sí me parece válido analizar lo que la sociedad expresa mientras esos procesos ocurren dado el hecho de que muchas veces el hecho en sí revela una dimensión concreta; pero la reacción social que lo rodea revela una dimensión aún más profunda: cómo pensamos colectivamente, qué valores priorizamos, hacia dónde dirigimos nuestra empatía y de qué manera interpretamos la responsabilidad cuando quien está involucrado pertenece a nuestro propio entorno.
Precisamente éso, es lo que me ha llamado poderosamente la atención en este caso. Una parte importante de los comentarios publicados en redes sociales ha mostrado respaldo hacia el imputado. No se trata de una percepción aislada: basta con leer las publicaciones y recorrer los cientos de comentarios para notar que muchas voces han centrado su postura en destacar su origen seibano, su cercanía con la comunidad y diversas acciones sociales que, según quienes comentan, habría realizado en beneficio de otros.
Es comprensible que una comunidad sienta aprecio por alguien a quien identifica como parte de su historia, su territorio o su entorno social. Esa cercanía genera vínculos reales. Produce sentido de pertenencia. Construye reconocimiento mutuo.
Eso ocurre en todas las comunidades. Las sociedades pequeñas y medianas, muy en especial aquellas donde el tejido humano es cercano y la memoria colectiva tiene peso, desarrollan un sentido de identidad territorial muy fuerte.
Allí las personas no son simplemente nombres o referencias públicas: son “uno de los nuestros”, “alguien de aquí”, “alguien que conocemos”, “alguien cuya trayectoria hemos visto” y cuando una figura vinculada emocionalmente a la comunidad se ve involucrada en una controversia, la reacción colectiva rara vez es fría o puramente racional.
La identidad entra en juego. La memoria afectiva entra en juego. La necesidad de proteger al miembro reconocido del grupo entra en juego.
Eso, desde una lectura antropológica, no resulta extraño. Lo que sí merece una reflexión más profunda es qué ocurre cuando esa defensa identitaria desplaza el análisis del hecho en discusión y reduce considerablemente la mirada hacia la persona afectada.
Ahí es donde aparece una tensión social muy delicada porque una comunidad tiene derecho a expresar solidaridad con quien considera cercano, pero también tiene el deber moral de no perder de vista que del otro lado existe una persona, una circunstancia concreta y una dimensión humana que merece igual consideración.
Quedó evidenciado que en esta conversación pública eso ha sido visible. Mientras una parte de la ciudadanía ha enfocado sus opiniones en defender al imputado, destacar sus obras o pedir que “las cosas se dejen así”, otro grupo importante —incluyendo también voces de El Seibo— ha manifestado rechazo ante el hecho denunciado, cuestionamientos sobre el contexto en que ocurrió y preocupación sobre el mensaje social que deja lo ocurrido.
Ahí aparecen dos narrativas distintas conviviendo al mismo tiempo. Una narrativa emocional vinculada a la pertenencia comunitaria y otra narrativa centrada en la responsabilidad pública y en la gravedad que cada ciudadano percibe en el caso.
Ambas existen, están siendo expresadas y son parte del debate ciudadano. Pero no tienen el mismo enfoque y leerlas juntas resulta profundamente revelador debido a que deja ver cómo la empatía colectiva a veces no se distribuye de manera equilibrada.
A veces se dirige con intensidad hacia quien reconocemos como parte del grupo y otras veces se reduce hacia quien no sentimos tan cercano o hacia quien queda desplazado del centro emocional de la conversación.
A eso muchos estudios sociales le han llamado empatía selectiva. No necesariamente nace de la maldad. Muchas veces nace de la familiaridad.
De la cercanía. Del vínculo afectivo. Del reconocimiento simbólico, pero sigue siendo importante identificarla, porque puede influir de manera poderosa en la forma en que interpretamos hechos sensibles.
Eso me parece una observación válida dentro de este momento. También ha resultado llamativo ver cómo parte del debate se ha concentrado en aspectos técnicos del proceso judicial.
Varios profesionales del derecho han expresado opiniones sobre posibles errores procesales o decisiones del Ministerio Público. Eso forma parte legítima del ejercicio profesional y ciudadano.
Cuestionar procedimientos dentro del marco legal es parte de una democracia sana. Velar por el debido proceso es correcto. Defender garantías constitucionales es correcto.
Analizar técnicamente una actuación judicial también lo es. Sin embargo, dentro de esa discusión jurídica también ha sido evidente, en algunos casos, que el componente humano del hecho quedó en segundo plano y eso genera preguntas porque el derecho protege procedimientos.
Pero la justicia también ocurre dentro de una sociedad compuesta por personas y cuando un debate técnico absorbe completamente la conversación y deja fuera la dimensión humana de quienes resultaron impactados por el hecho, el análisis corre el riesgo de volverse incompleto.
Una comunidad no se fortalece únicamente defendiendo garantías. También se fortalece mostrando sensibilidad. Reconociendo que detrás de cualquier expediente hay personas.
Que detrás de cualquier incidente hay efectos reales.
Que detrás de cualquier proceso hay dignidad humana involucrada y esa parte también merece presencia en el debate.
Otro elemento que ha generado comentarios es la percepción ciudadana sobre la proporcionalidad de la medida impuesta.
Para algunos la medida fue correcta dentro del marco legal. Para otros resultó insuficiente y muchos la interpretaron desde una lectura emocional o simbólica. Eso también forma parte de cómo las sociedades procesan públicamente un caso.
La ciudadanía no siempre interpreta una medida en términos estrictamente jurídicos. Con frecuencia la interpreta desde el significado que esa medida representa.
Desde la idea de consecuencia. Desde la percepción de firmeza institucional. Desde el mensaje que entienden que se proyecta hacia la sociedad. Eso explica por qué tantas opiniones han surgido con tanta intensidad.
No necesariamente porque todos manejen el lenguaje técnico del derecho, sino porque todos leen socialmente el significado de lo que ocurre y esa lectura también merece ser observada con seriedad.
En medio de todo esto, lo más prudente sigue siendo mantener equilibrio. No idealizar. No condenar anticipadamente. No convertir el debate en un tribunal emocional. No reducir un proceso complejo a simpatías territoriales.
Tampoco ignorar que los vínculos comunitarios influyen profundamente en cómo procedemos a reaccionar. La identidad local tiene valor. La solidaridad comunitaria tiene valor. La cercanía humana tiene valor, pero ninguna de esas cosas debería impedirnos mirar un hecho con responsabilidad integral o tomar en cuenta que tampoco borrar del análisis a quienes también tienen derecho a ser vistos con humanidad.
Como medio y como observadores responsables de la conversación pública, nuestra obligación no es alimentar extremos. No es amplificar impulsos. No es empujar narrativas desde la emoción inmediata.
Es observar. Contextualizar. Separar hechos confirmados de percepciones. Identificar dinámicas sociales cuando aparecen y sostener el debate con respeto.
Eso es lo que corresponde y desde esa mirada, la lectura que deja este momento es clara: la sociedad no solamente está observando un proceso judicial. También está reflejando cómo funciona su sentido de pertenencia, cómo distribuye su empatía y cómo entiende la responsabilidad pública cuando una situación sensible toca de cerca a uno de los suyos.
Eso merece atención. Merece análisis y merece madurez colectiva. Que la justicia continúe su curso conforme al derecho. Que el debido proceso sea respetado. Que las garantías institucionales se mantengan.
No obstante, que la conversación pública tampoco pierda de vista algo esencial: ninguna comunidad fortalece verdaderamente su tejido social cuando la pertenencia sustituye la objetividad, cuando la afinidad desplaza la humanidad o cuando la cercanía emocional pesa más que la capacidad de mirar los hechos con equilibrio.
El desafío social siempre será ese. Conservar el sentido de comunidad sin perder el sentido de justicia. Ser capaces de acompañar sin justificar.
De opinar sin deshumanizar. De defender garantías sin invisibilizar a nadie y de sostener nuestras convicciones públicas con firmeza, respeto y responsabilidad.
Sobre el autor
Marcos Sánchez es Fundador y Director Editorial de Exposición Mediática. Con tres décadas en medios y veinte años como articulista, ejerce un periodismo de interpretación pública que articula análisis riguroso y reflexión cultural. Su trabajo se centra en la legalidad, la interpretación de procesos complejos y el interés ciudadano. Es además locutor, escritor, profesor bilingüe, creativo y actor. Su propuesta editorial integra un enfoque cultural y didáctico permanente, orientado a la formación de criterio ante debates nacionales e internacionales.
