Por Redacción 
Por Cristina Melo Cabrera
La discusión sobre el ordenamiento territorial en la provincia La Altagracia trasciende el simple cumplimiento de la ley. Lo que hoy está en juego no es únicamente la vigencia del marco normativo que regula el uso del suelo, sino la consistencia, imparcialidad y oportunidad con que ese marco ha sido observado a lo largo del tiempo. Garantizar un desarrollo sostenible, preservar los ecosistemas y orientar el crecimiento urbano constituyen objetivos irrenunciables; sin embargo, tales propósitos solo pueden alcanzarse cuando las normas se aplican con igualdad y sin distinciones.
Durante décadas ha persistido la percepción de que la expansión urbanística, el desarrollo turístico y diversas intervenciones sobre el territorio se produjeron, en numerosas ocasiones, en un contexto donde los intereses económicos y políticos prevalecieron sobre la protección del patrimonio ambiental y los derechos de las comunidades. Esa percepción, alimentada por decisiones acumuladas durante años, ha generado un cuestionamiento legítimo sobre la uniformidad con que se ha ejercido la potestad regulatoria del Estado.
Precisamente por ello, la discusión adquiere una dimensión especialmente sensible cuando las medidas restrictivas recaen sobre ciudadanos en condición de vulnerabilidad, pequeños propietarios y comunidades rurales, mientras permanecen abiertas interrogantes sobre actuaciones pasadas que transformaron áreas agrícolas, alteraron ecosistemas y ejercieron una presión significativa sobre ríos, playas y otros recursos naturales de alto valor ecológico. Las controversias generadas por distintos procesos de urbanización reflejan la necesidad de revisar no solo las decisiones presentes, sino también aquellas que, durante décadas, modificaron de manera profunda el paisaje y la dinámica territorial de la provincia.
La planificación del territorio no puede convertirse en un instrumento que beneficie exclusivamente a quienes históricamente han concentrado mayor poder económico o capacidad de influencia institucional. Su finalidad debe ser armonizar el crecimiento económico con la protección del patrimonio natural, la seguridad jurídica y la justicia social, garantizando que todos los actores se encuentren sometidos a las mismas reglas.
En ese contexto, resulta indispensable examinar los criterios técnicos, jurídicos y administrativos mediante los cuales numerosos terrenos modificaron su clasificación o vocación de uso, así como las autorizaciones otorgadas para determinados proyectos y el impacto acumulativo que esas decisiones han producido sobre los ecosistemas provinciales. La preservación del medio ambiente no admite interpretaciones coyunturales ni puede responder exclusivamente a circunstancias políticas o económicas del momento.
La seguridad jurídica exige que el ordenamiento legal sea observado con criterios uniformes, sin privilegios ni excepciones injustificadas. La credibilidad institucional depende de que las decisiones públicas alcancen por igual a todos los sectores, independientemente de su posición económica, influencia política o capacidad empresarial. Cuando esa igualdad se percibe como efectiva, la confianza ciudadana en las instituciones se fortalece de manera natural.
La Altagracia necesita consolidar un modelo de ordenamiento territorial sustentado en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Solo mediante una gestión pública coherente y predecible será posible recuperar la confianza de la población y asegurar que el crecimiento continúe siendo compatible con la conservación del patrimonio natural y el respeto de los derechos de quienes, históricamente, han tenido menor capacidad para defender sus tierras.
La protección del territorio no puede activarse únicamente cuando las circunstancias políticas o económicas la vuelven conveniente. Debe constituir una política pública permanente, guiada por el respeto al Estado de derecho, la equidad y el interés general. Cuando la ley se aplica con igualdad, deja de percibirse como un mecanismo de control selectivo y se convierte en la principal garantía de confianza ciudadana. Ese es, precisamente, el desafío que enfrenta hoy el ordenamiento territorial en La Altagracia y una condición indispensable para construir un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo.
