Por Sebastián Del Pilar Sánchez
El día 21 de septiembre de 1965 fue escogido como rector provisional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el profesor Andrés María Aybar Nicolás, durante una asamblea celebrada en el aula magna por unos 70 profesores y dos mil estudiantes representantes de los tres grupos estudiantiles existentes hasta ese momento.
El destacado ingeniero civil y catedrático universitario era la figura principal de un proyecto político y académico que se gestó durante la recién finalizada guerra de abril, con el fin de desplazar de la dirección de ese alto centro de estudios a las autoridades conservadoras por su actitud contemplativa frente al desembarco de soldados extranjeros en suelo dominicano.
Este evento era la continuidad de la asamblea celebrada en la mañana del martes 14 de septiembre en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que destituyó al rector ingeniero José Ramón Báez López-Penha y a los demás miembros del Consejo Universitario, y estaba dirigido por los jóvenes economistas Bolívar Batista del Villar y Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán; el médico Bernardo Augusto Defilló Martínez y los estudiantes Narciso González Medina y Alexis Licairac Díaz, delegados del grupo Fragua; Romeo A. Llinás, del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC) y Franklin Almeyda Rancier, del Frente Universitario Revolucionario Radical (FURR).
Al estudiante Narcisazo González le correspondió dar lectura a la declaración de la Asamblea, donde explicaba que el abrupto cambio de mando tuvo su origen en que las autoridades sustituidas habían mostrado un silencio cómplice ante la grosera incursión de tropas extranjeras en el país, además de incurrir en graves violaciones al estatuto orgánico.
El dirigente estudiantil criticó con aspereza al rector destituido por exhibir una postura complaciente durante la jefatura del Triunvirato, permitiendo sin el menor rubor que ese gobierno de facto despojara a la UASD de su fuero, en franca violación a la Ley 5778 promulgada por el presidente Joaquín Balaguer el 31 de diciembre de 1961.
Deploró el intento del Consejo Universitario de resucitar la vieja guardia trujillista en la primera semana de enero de 1965, durante una reunión en la que se aprobó la creación de un cuerpo de Policía escolar como instrumento represivo para contener la creciente repulsa al obligado examen de admisión que debían tomar los nuevos estudiantes para ingresar al Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG).
Cuando Narcisazo concluyó, algunos asambleístas rememoraron con breves y esporádicos murmullos la dramática huelga de hambre que se hizo en el perímetro universitario en el año 1964 en repudio de aquel examen de admisión y también la osada determinación de boicotearlo, por parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), que resistió la autoritaria anulación de la matrícula universitaria de su secretario general, bachiller Amín Abel Hasbún y los 32 miembros de su comité ejecutivo central, además de varios sus dirigentes en las escuelas de Derecho y Farmacia.
En esta segunda asamblea hablaron los profesores Julio César Castaños Espaillat, Antonio Ballester Hernández, Francisco Antonio Avelino y Luis Almanzor González Canahuate; los estudiantes Amín Abel Hasbún, Narciso Isa Conde, Romeo Llinás y Teobaldo Rodríguez, este último en representación de los empleados. La moderación estuvo a cargo de los profesores Mejía-Ricart, Batista del Villar y Defilló Martínez.
Defensa del Movimiento Renovador
Cinco días más tarde (el 19 de septiembre de 1965), el doctor Hugo Tolentino Dipp -uno de los ideólogos del movimiento renovador en ciernes, junto a los doctores Rafael Kasse Acta, Jottin Cury y Castaños Espaillat- publicó un artículo en uno de los diarios nacionales, titulado “El gobierno provisional y la crisis universitaria”, donde esclarecía con razonado rigor los motivos de la destitución de las autoridades universitarias.
El reconocido académico señaló que aquel cuerpo directivo estaba “totalmente desacreditado, moribundo” debido al ejercicio de una autoridad donde primaba el despotismo, la incultura, la dilapidación económica, el amiguismo y la traición a la patria, entre otros rasgos negativos que mostraban a sus miembros como desconocedores de “las verdaderas aspiraciones y necesidades que surgen de la misión cultural y humanista que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo frente a nuestro pueblo, frente a la cultura nacional”.
Tolentino Dipp negó tajantemente que dicha remoción se asemejara a una asonada golpista, ya que sus gestores estaban propiciando “la formación de la debida conciencia democrática que determine en el futuro el respeto a toda otra autoridad legítima y que no se repita el funesto mal ejemplo que frustró la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962”.
Ilustró que la asamblea de la familia universitaria había sido el vehículo pacífico y democrático escogido por la mayoría de la UASD para elegir un Consejo Universitario provisional con la misión de impulsar la reforma y transformar las instituciones universitarias, de modo que su sustancia fuese realmente democrática.
Ese organismo sería encabezado por el rector Aybar Nicolás y los vicerrectores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, acompañados de los profesores Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández, y los estudiantes Virgilio Bello Rosa y Alexis Licairac, del grupo Fragua; Romeo Llinás, del BRUC y Franklin Almeyda Rancier, del FURR.
Como resultado de un estudio sobre las necesidades de reformas, la asamblea aprobó nuevos reglamentos para organizar la institución sobre principios de democracia y de eficiencia científica, y establecer como principal tarea de las autoridades provisionales la defensa de la autonomía de la UASD y la soberanía de la nación.
A esa tarea quedaba enlazada la firme voluntad de elaborar un nuevo estatuto orgánico, impulsar la reforma y derogar las diversas resoluciones tomadas por el Consejo destituido que vulneraban los principios de democracia; es decir, la libertad de cátedra, la libre expresión de las ideas, el derecho de asociación y la libertad de reunión en la UASD.
Una aspiración colectiva era conseguir que todos los profesores formaran parte del Claustro Universitario –máxima autoridad interna-, y que la representación estudiantil fuese el 40 por ciento del total de miembros de este organismo.
Batalla legal
Los nuevos funcionarios se instalaron en sus respectivos puestos el miércoles 22 de septiembre, luego de la ceremonia notariada efectuada en el salón de sesiones del Consejo Universitario, en la que recibieron formalmente las llaves de la rectoría y de todas las oficinas administrativas, de manos del licenciado Teobaldo Rodríguez, representante de la Asociación de Empleados Universitarios. El abogado y profesor Francisco Antonio Avelino, instrumentó el acta notarial para legalizar la toma de posesión.
Desde ese momento, el ingeniero Aybar Nicolás, actuando como rector inició una campaña pública sobre la orientación científica de la reforma universitaria y su implementación en consonancia con los cambios democráticos reclamados por el país luego de la Guerra de Abril.
Pero la situación se tornaría de nuevo confusa tres días más tarde, con la publicación de un aviso en los diarios nacionales firmado por el ingeniero José Ramón Báez López-Penha, en calidad de rector y en nombre del Consejo Universitario institucional, advirtiendo al comercio y al público en general que la UASD no reconocería acreencia a su cargo si su comprobante no estaba expresamente autorizado con su rúbrica.
También Báez López-Penha anunciaba la convocatoria del Claustro universitario para el sábado 2 de octubre, con el fin de restaurar el orden y la disciplina dentro de la UASD y reveló que había sometido a la justicia al ingeniero Andrés María Aybar Nicolás, acusado de usurpación de funciones.
Igualmente indicó que serían procesados por ante la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional otros veinte profesores y estudiantes que colaboraron con la acción de despojo de su cargo, y citó entre ellos a los miembros del llamado Consejo Universitario Provisional (CUP), a los profesores Bolívar Batista del Villar, Andrés Avelino hijo, Orlando Haza del Castillo, Elsa Vallejo de Saint Amand, Antonio Zaglul, Gustavo A. de León M., Jesús María Álvarez Vicioso, Luis Sosa Baudré, Idelisa Bonnelly de Calventi, Pedro Hernández Fernández, Almanzor González Canahuate, y a los estudiantes Romeo Llinás, Alexis Licairac, Virgilio Bello Rosa y Franklin Almeyda.
Cinco días más tarde, 30 de septiembre, Báez Lopez-Penha publicó un nuevo aviso, comunicando a los profesores que el Ministerio de Finanzas le había hecho entrega del subsidio correspondiente al mes de agosto para pagar la mensualidad al personal docente, e indicando que los profesores debían procurar sus cheques en las residencias de los señores decanos.
Luego se supo que para conseguir que les pagaran sus salarios, los profesores tuvieron que firmar un documento reconociendo al ingeniero Báez Lopez-Penha como auténtico rector; lo que fue razón para que una buena parte de los educadores universitarios prefiriera no cobrar en esas condiciones y denunciaran ese acto de coacción como una retranca que impediría la reintegración del profesorado a las labores docentes y el regreso de la armonía a la UASD.
Esa medida fue -sin duda- un grave error que suscitó un gran descontento en el profesorado e incrementó el nivel de rechazo al antiguo rector; ya que -por falta de quórum- fracasaría en su intento de reunir el Claustro el sábado 2 de octubre y también el sábado siguiente, aun contando con el amparo de la fuerza pública solicitada al gobierno.
Sin embargo, Báez López-Penha continuaría batallando frente a un adversario con mayor respaldo y de una ideología totalmente opuesta a la suya, aunque era casi imposible que lograse el reconocimiento del gobierno provisional de García-Godoy, no obstante invocar una y otra vez el origen legal de su gestión universitaria.
Por ello, consciente de su debilitamiento en el interior de la UASD, trasladó su acción a los medios de comunicación y al Palacio Nacional, vendiendo la idea de que convenía a la academia y al país que el gobierno impusiera una solución.
La lucha de masas determina fin de la crisis
La mañana del 2 de noviembre de 1965 el presidente Héctor Rafael García-Godoy Cáceres hizo un intento de mediación durante la reunión que por más de dos horas sostuvo en su residencia con una comisión del Consejo Universitario Provisional, integrada por el rector Aybar Nicolás, los vicerrectores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, y los profesores Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández.
Más tarde, García-Godoy Cáceres también se reunió con Báez López-Penha, Miguel Ángel Piantini, Bernardo Fernández Pichardo y J.A. Froilán Tavares, integrantes del Consejo depuesto.
El presidente García-Godoy era en principio partidario de la búsqueda de un acuerdo sin la intervención del gobierno, porque entendía que el problema universitario debía ser resuelto entre los propios miembros de la familia uasdiana, de una manera democrática y sin presiones políticas o ideológicas.
Sin embargo, eso no sería posible ya que la tensión generada por la disputa legal se había trasladado a las calles, dadas las movilizaciones estudiantiles que comenzaban a realizarse en reclamo del reconocimiento a las nuevas autoridades de la UASD y la desocupación de los liceos públicos que habían sido tomados por las tropas invasoras durante la Guerra de Abril.
La movilización de mayor contundencia se llevó a cabo el 9 de febrero de 1966 en la periferia del Palacio Nacional y allí fueron asesinados los estudiantes Miguel Tolentino, Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella y Altagracia Amelia Ricart Calventi.
Es importante señalar que el lunes 27 de septiembre de 1965 había sido asesinado en ese mismo lugar, el estudiante Pedro Tirado Calcaño, de 17 años, víctima de un proyectil de fusil máuser disparado por un guardia que custodiaba la casa de gobierno.
Esos hechos sellaron la victoria del movimiento renovador universitario, de manera que el ingeniero Andrés María Aybar Nicolás conduciría la transición hasta el 28 de febrero de 1966 cuando es electo rector, por tercera vez, el doctor Julio César Castaños Espaillat; en esta ocasión acompañado por los doctores Fernando Morbán Laucer y José de Jesús Álvarez Vicioso, vicerrectores, con la misión de democratizar la UASD y abrir sus puertas a los humildes hijos del pueblo.
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