Por Redacción 
Por Flavio Holguín
Las democracias modernas se deforman peligrosamente, cuando se manipulan de manera silenciosa y soterrada las reglas establecidas.
Pero el mayor riesgo de todos, es cuando el control de los recursos está dirigido al estrangulamiento progresivo de la oposición, a fin de procurar su aniquilación total de cara al próximo torneo electoral.
Exactamente hacia ese punto parece encaminarse hoy la República Dominicana.
Tras el encuentro entre sectores de la oposición y una comisión del gobierno para consensuar medidas frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio, muchos salieron creyendo que el oficialismo carecía de un plan de contingencia.
Ese fue el error más grave.
Es preciso aclarar que sí tenían un plan. Y no era improvisado.
Era un plan cuidadosamente diseñado y ejecutado con certera paciencia.
Con un objetivo muy concreto: debilitar a la oposición, concentrar recursos y garantizar desde ahora las condiciones de permanencia, asaltando el poder más allá del 2028, tal como lo hicieron en el 2020 y el 2024.
El presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario «Moderno» tienen programado un auténtico plan siniestro; en tal virtud han venido desarrollando una estrategia política basada en tres pilares fundamentales:
Primero: reducir sensiblemente la capacidad operativa y financiera de la oposición mediante la disminución de los recursos asignados a los partidos políticos, a través de la Junta Central Electoral.
Segundo: identificar y absorber nuevas fuentes de captación económica desde el propio aparato estatal para construir una poderosa maquinaria financiera que le permita comprar la mayor cantidad de votos.
Y tercero: mantener fragmentada y dispersa a la oposición, promoviendo un escenario donde el oficialismo compita contra adversarios debilitados, divididos y financieramente asfixiados.
En política, en la República Dominicana como en cualquier parte del mundo, el dinero sigue siendo uno de los factores más determinantes, tanto para conquistar, como para retener el poder.
En tal virtud, las campañas modernas no se sostienen únicamente con discursos ni con consignas románticas.
Se sostienen con estructuras, publicidad, movilización, redes, costosas encuestas, medios corporativos comunicacionales, logística personal y presencia mediática permanente.
Cuando el oficialismo reduce la capacidad económica de sus adversarios y mientras controla todo el aparato estatal, la competencia deja de ser equilibrada y comienza a convertirse en una simulación democrática.
Por eso nada de lo que está ocurriendo luce fortuito. Las piezas empiezan a encajar con una precisión inquietante.
Ahí está la Ley de Residuos Sólidos, convertida en una gigantesca fuente de captación económica alrededor de los ayuntamientos y estructuras políticas territoriales.
Ahí está la centralización de los recursos consulares, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores eliminara la discrecionalidad que manejaban los cónsules para trasladar esos ingresos hacia el control absoluto del Estado. Es decir, la postestad ahora se muda de manera indirecta a las manos depredadoras del Palacio.
Pero ahí estarán también los multimillonarios ingresos que desde ya se derivarán de la emisión masiva de visas a los tribales haitianos, con la intención de liquidar lo que queda de la República Dominicana en el proceso conspirativo de haitianizar la Nación.
Y ahora aparece el capítulo más peligroso y perturbador de todos: el llamado “tiro de gracia”, disfrazado bajo el lenguaje aparentemente noble de la austeridad fiscal.
El hecho de que el gobierno haya reducido significativamente el financiamiento público de los partidos políticos, en una democracia profundamente desigual como la dominicana, no constituye una medida de equidad, sino una ventaja brutalmente asimétrica.
Mientras la oposición tendría que sobrevivir con recursos limitados y estructuras asfixiadas y debilitadas, el oficialismo seguiría utilizando la inmensa y poderosa maquinaria estatal para mantener su posicionamiento político, a través de:
-Publicidad gubernamental multimillonaria disfrazada de gestión eficiente.
-Inauguraciones permanentes.
-Control mediático.
-Estructuras clientelares.
-Nóminas politizadas.
-Recursos públicos convertidos indirectamente en instrumentos electorales.
Recordemos que recientemente el presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Román Jáquez, tuvo que reconvenir al gobierno dominicano por tomar una decisión unilateral que vulnera sensiblemente los derechos legales de todos los partidos políticos en la República Dominicana, en franca violación a la ley 20 -23, en su artículo 224, respecto a los montos correspondientes en años no electorales.
Eso que hizo el gobierno no es austeridad, es el rediseño de una competencia desigual, donde un sólo actor entra al torneo respaldado por el presupuesto nacional, mientras los demás apenas intentan mantenerse en pie.
Porque la verdadera austeridad no comienza cercenando la pluralidad democrática.
La verdadera austeridad comienza eliminando los privilegios obscenos del poder.
Comienza desmontando las pensiones privilegiadas y exorbitantes.
Comienza frenando el astronómico derroche propagandístico que asciende a más de diez mil millones de pesos.
Comienza reduciendo el clientelismo, el prebendarismo y asistencialismo vulgar.
Comienza deteniendo la orgía de endeudamientos, el cual hipoteca el futuro de generaciones enteras, pero nada de eso parece estar ocurriendo.
Lo más alarmante probablemente no sea lo que el gobierno hace, sino la incapacidad de muchos sectores y gran parte de la oposición, para comprender la dimensión real de lo que está sucediendo y hacia el profundo abismo que están conduciendo Luis Abinader y el PRM al sistema de partidos de la República Dominicana.
Porque el 2028 no comenzará el día de las elecciones. El 2028 ya comenzó.
Se está construyendo ahora mismo desde el control de los recursos, desde la concentración institucional y desde la alteración progresiva del equilibrio político nacional.
Las elecciones no se manipulan únicamente alterando votos.
También se manipulan creando hostiles y desequilibradas condiciones electorales, donde el peso completo del Estado se mide frente a un caquéxico peso ligero que apenas sobrevive por la resistencia moral y la precariedad financiera en que lo han sumergido.
Cuando un gobierno se da a la tarea de acumular recursos estratégicos, concentrar poder institucional y debilitar simultáneamente la capacidad operativa de sus adversarios, la democracia comienza lentamente a deformarse hasta convertirse en una estructura donde las elecciones se convierten en una pantomima al desaparecer el nivel competitivo.
Ese es el verdadero peligro que hoy enfrenta la República Dominicana.
No simplemente la posibilidad de una nueva victoria electoral del oficialismo, sino la consolidación silenciosa de un modelo político donde el poder deja de alternarse democráticamente y comienza a administrarse desde una maquinaria diseñada para perpetuarse frente a los ojos impasibles de muchos y una apatía por parte de la oposición para enfrentar de forma audaz y determinante a esa horda de tigres.
