Por Redacción 
Por Antonio Corcino
Un termómetro que marca fiebre no es el problema. Es la señal de que algo más profundo ocurre en el organismo. El mercado inmobiliario de Verón-Bávaro-Punta Cana funciona hoy como ese termómetro: lo que exhibe no es la causa del malestar, sino su expresión más visible que produce más ruido.
Las demandas judiciales y los condenados existen. Los testimonios de afectados son reales. Son más los proyectos y agentes inmobiliarios honestos que los informales. Los desarrolladores, promotores y vendedores que comercializan proyectos tipificados de mala práctica están señalados. Todos ellos pasaron por su etapa de aprobación, supervisión y regulación por los diferentes organismos establecidos por las leyes dominicanas. Eso no se discute, pero no se puede considerar como de crisis y de desorden. Hay que prestar atención a la forma en la que se maneja el diagnóstico, a cómo en torno a estas apreciaciones se construye una narrativa inapropiada, a las consecuencias que se asocian a su mala exposición.
El problema estructural tiene nombre
El auge turístico generó una expansión inmobiliaria acelerada en un territorio que carecía de planificación regulatoria proporcional a su velocidad de crecimiento; lo tomó por sorpresa y ahora ya es más que un dolor de cabeza. Ese vacío es el origen de lo que se indica como de preocupación.
Ahora es también como se plantea la profesionalización. No todos son iguales. No es que todo el sector ande mal por la maldad de algunos actores, sino por la ausencia de un marco territorial que ordenara, anticipara y sancionara a tiempo. Una comunidad que crece más rápido que sus instituciones produce exactamente esto: espacios donde la informalidad y la mala práctica prosperan sin resistencia eficaz; ahora el desafío es aplicar un tratamiento para paliar estas manifestaciones conocidas.
Reconocer ese origen estructural es indispensable porque define la solución. Si muestra como problema el vacío regulatorio, la respuesta es institucionalidad, no indignación ni llorar lo que ayer debimos anticipar.
El Senado dominicano acaba de aprobar en segunda lectura un proyecto de ley que, de ser promulgado como ley, regularía la intermediación inmobiliaria, profesionaliza el sector, crea un registro obligatorio de agentes y establece sanciones al fraude. Esa es la dirección correcta. No es suficiente por sí sola, pero apunta al tejido, no al síntoma.
Lo que el ruido puede costar
La superficialidad a la hora de tratarlo es un grito de amargado. Un arquitecto que detecta una grieta en un edificio tiene dos opciones: documentarla, analizarla y proponer refuerzo estructural, o declarar públicamente que el edificio está a punto de colapsar. La primera opción protege a los ocupantes. La segunda los desaloja innecesariamente y destruye el valor del inmueble antes de que haya razón para ello.
Presentar casos puntuales de mala práctica como los que prevalecen no es evidencia de colapso sistémico del mercado inmobiliario de Verón-Bávaro-Punta Cana; más bien produce ese segundo efecto. Un futuro inversor no distingue entre una crisis construida narrativamente y una crisis real. Para él, el ruido es el mensaje. Y ese mensaje viaja más rápido que cualquier campaña de promoción turística.
Lo que el análisis exige
La realidad como destino turístico y de invención abre un espacio para hacer la pregunta correcta: no quién es el culpable moral, sino dónde falló el sistema de control y cómo se puede cerrar esa brecha de esos proyectos localizados. República Dominicana tiene instituciones con capacidad sancionadora, organismos de protección al consumidor y tribunales que ya han producido condenas definitivas. El sistema responde. Lo que falta es aplicación sostenida de los controles existentes; exhibiendo los escándalos no se resuelve ni enfrentarlos con exposición mediática.
El mercado inmobiliario de esta ciudad-región en formación es una fuerza generadora de riqueza, empleo e inversión. Abordarlo con bisturí —preciso, quirúrgico, sin dramatización innecesaria— es la única forma de corregir lo que falla sin destruir lo que funciona. Más institución, menos tribuna. Más norma aplicada, menos presión moral sin reparación concreta.
El termómetro marcó fiebre. Ahora toca tratar al paciente, no romper el termómetro y, de ser necesario, quemar la sábana.
