Por Redacción 
Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, acusado de presuntamente sustraer RD$60 millones mediante transferencias bancarias fraudulentas, es activamente buscado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Santo Domingo, R.D. — El Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional mantienen la búsqueda activa de un exempleado del sector privado acusado de sustraer alrededor de RD$60 millones mediante transferencias bancarias fraudulentas realizadas desde la empresa donde laboraba.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría intervenido varias cuentas bancarias corporativas para transferir fondos primero a cuentas personales y posteriormente distribuir el dinero entre unas 113 personas, quienes presuntamente entregaban el efectivo a cambio de un porcentaje.
El señalado es Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, oriundo del sector El Clavijo, Los Tocones, en Jayabo Afuera, municipio de Salcedo.
Las autoridades indican que Valdez Cascante, junto a otros presuntos autores materiales y cómplices aún bajo investigación, utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, consistente en realizar múltiples transferencias de montos reducidos para evitar alertas o controles financieros.
Contra el imputado pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público lo acusa de robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente por la presunta obtención ilícita de fondos mediante transferencias electrónicas.
Según el expediente, las imputaciones se sustentan en los artículos 379, 386-3, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, además del artículo 14 de la Ley 53-07.
Las autoridades aseguran que el sospechoso se ha mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, lugares donde residen familiares cercanos.
El artículo 386 del Código Penal establece penas de tres a diez años de reclusión mayor cuando el robo es cometido por un asalariado, empleado u obrero en perjuicio de la entidad o persona para la cual trabaja.
