Por Redacción 
Por Antonio Corcino
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Verón–Punta Cana activa un panorama en La Altagracia inquietante. Como instrumento técnico, generó reacciones encontradas. Un escenario donde convergen intereses económicos, expectativas comunitarias y cálculos políticos. Reveló la inquietud de que el debate sobre el territorio también es, en esencia, una discusión sobre poder, inversión y futuro, y que no se inició con el rechazo de comunitarios de El Salado y La Ceiba de este distrito municipal.
Es conveniente resaltar que el PMOT entró en su segunda etapa: consensual. Es el momento de negociar, de ajustar posiciones, antes de someter el plan a votación y aprobar sus ordenanzas definitivas. Sin embargo, legitimar el documento no es el final del proceso, sino apenas su punto de partida. Su gestión como herramienta viva y sus resultados reales solo podrán medirse con el paso del tiempo.
Ante esta circunstancia, la respuesta de la Junta Distrital tiene una doble naturaleza: reactiva y proactiva. Reactiva, porque responde a una presión política y social existente; proactiva, porque intenta anticiparse al conflicto mediante foros de concertación, mesas destinadas a canalizar las diferencias antes de que se conviertan en inconformidad abierta. Al respecto, durante ese período resulta fundamental ampliar e incorporar más voces. Sin embargo, este proceso no comenzó con el anuncio de apertura al consenso democrático; durante la etapa del diagnóstico territorial, así como en la preparación y presentación del borrador del PMOT, hubo algunos acuerdos.
La estrategia se parece a la de quien detecta humo antes de que aparezca el incendio. Su debut en Madrid en el marco de FITUR-2026, seis meses antes de la exposición técnica el 17 de julio, como un modelo de ordenamiento con reglas claras y respaldo técnico, destinado a generar confianza y seguridad para la inversión. Sin embargo, mostró que se produjeron entendimientos anticipados para evitar una crisis. Con la incorporación de voces en el ciclo del análisis socioespacial, fue como contener los efectos de un incendio fuera de control. No se ignoraron esas señales, sino que se integraron para hacerlo manejable y a bajo costo.
El factor decisivo es el alcance del PMOT: 484.44 kilómetros cuadrados quedarán sometidos a normas de uso de suelo durante los próximos diez años. Esa dimensión convierte cada clasificación territorial en una decisión con consecuencias económicas concretas, pero que tiene incidencia en los resultados de las elecciones del 2028. Eso significa que lo que hoy aparece como una línea sobre un mapa mañana puede evolucionar a una zona turística, residencial, agrícola, ambientalmente protegida o restringida para determinadas actividades con repercusiones políticas y electorales.
Por eso empresarios y un partido político observan el PMOT con una lógica distinta a la del técnico o del residente. Para quien tiene capital invertido o proyección política, la clasificación del suelo no es una abstracción: puede determinar el valor futuro de una propiedad, la viabilidad de un proyecto o el retorno de una inversión. Más allá del eje de la bancabilidad, estabilidad del valor de los activos, competitividad y sostenibilidad, también representa una oportunidad para posicionar y promocionar a figuras políticas. El mapa actúa, en consecuencia, como especie de un tablero económico y político por encima de lo social.
De ahí que hayan aumentado los encuentros empresariales, sectoriales y políticos con el director distrital. Cada actor busca sacar ventaja dentro de lo que está en juego en el PMOT. Procuran llegar a su definición final con sus intereses conciliados. La premisa parece sencilla: es mejor participar en la construcción de los reglamentos que adaptarse después de ya aprobados.
El problema aparece cuando la negociación se adelanta demasiado al debate público. Los espacios de diálogo pueden ser medios útiles para escuchar, corregir y construir consensos, pero no deberían sustituir las vistas públicas ni capitalizar el ordenamiento territorial en una negociación entre sectores con mayor capacidad de presión.
El PMOT necesita precisamente lo contrario: que el territorio sea entendido como un patrimonio colectivo y no como una suma de oportunidades particulares y grupales. El suelo pertenece a una comunidad antes de convertirse en activo inmobiliario, atractivo turístico o plataforma de inversión.
La verdadera prueba para la Junta Distrital será, entonces, equilibrar intereses sin perder legitimidad. Como representante de los votantes. Es necesario, como obligatorio, escuchar tanto al empresario, político y a las comunidades como incorporar criterios técnicos; garantizar la participación de todos para articularlo como un recurso socialmente incuestionable.
Porque el PMOT no solamente decidirá dónde se puede construir, sino también qué modelo de territorio quiere ser Verón–Punta Cana durante la próxima década. Y esa decisión no debería tratarse únicamente en las mesas donde se negocian utilidades, sino también en el espacio público donde la sociedad pueda conocer, discutir y finalmente asumir sus consecuencias.
Entonces, el desafío está planteado: transformar esta ansiedad territorial en diálogo, la presión sectorial en participación y negociación previa en una planificación legítima. En la medida en que superemos esta fase lo antes posible, el PMOT más pronto podrá pasar de ser un documento regulador a la administración del crecimiento sin hipotecar su porvenir.
