Por Redacción 
Por Marcos José Núñez
La llamada guerra de la restauración representó como casi todos los potenciales lectores de este escrito saben, la fase definitiva de consolidación del proceso de independencia del pueblo dominicano.
Sin embargo, dicho proceso estuvo precedido de varios intentos por iniciar la lucha y al mismo tiempo, fue la continuación de un proyecto nacional inconcluso, iniciado unos años antes de la anexión y la restauración.
Insurrecciones fallidas como la del general José Contreras en mayo de 1861, la del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez en julio del mismo año, la conspiración de Neyba en noviembre de 1862 y la de Santiago del 27 de febrero de 1863, entre otros, fueron intentos heroicos que no contaron con las condiciones necesarias en términos subjetivos, para tener éxito frente a las fuerzas hispánicas de dominación presentes en suelo patrio.
No obstante lo anterior, y sin querer hacer las veces de abogado del diablo, hay que decir que la decisión unilateral del general Pedro Santana de anexar el país nuevamente a la corona española, tenía razones hasta cierto punto entendibles.
En el proceso restaurador convergieron ideas encontradas y proyectos jurídico-políticos diferentes que buscaban en esencia garantizar lo mismo. Proteger Santo Domingo con independencia o sin ella, de la amenaza vital del pueblo haitiano, con quien había y todavía hay diferencias notables en casi todos los ámbitos.
Santana había sido la espada que como providencia del destino y como parte de la visión inicial estratégica de los trinitarios, garantizó en los campos de batalla junto con la inestimable ayuda del general Antonio Duvergé, nuestra separación absoluta de Haití.
El país que con sangre y fuego arriesgó todo para cortar la unión mal avenida con los haitianos, estaba muy empobrecido, no sólo por carecer del necesario desarrollo impulsado por sectores productivos, sino por los elevados impuestos a que habían obligado a la generalidad de la población dominicana, el vecino invasor.
De hecho, al momento de nuestra separación en 1844, había varios sectores separatistas que propugnaban por negociar un protectorado con potencias europeas como Francia e Inglaterra, para poner a raya el poder de las armas haitianas, ligeramente superior a las nuestras.
La anexión del 18 de marzo de 1861, fue una decisión que si bien lesionaba nuestra independencia nacional, fue tomada por el Marqués de Las Carreras para bloquear de manera definitiva, cualquier intentona de los haitianos de retomar el control de la isla, como había sucedido reiteradas veces entre 1844 y 1856.
El presidente Santana veía el precario Estado de la hacienda nacional; observaba que la pobreza de la nación en los 17 años de esa primera república, en vez de disminuirse, en realidad se había incrementado y tenía informaciones verificadas de que en cualquier momento, las armas haitianas intentarían por enésima vez, pelear por imponernos su visión sobre la premisa de “la isla una e indivisible”.
Desde 1855, el presidente Santana había iniciado los aprestos para revertir nuestra categoría de país independiente, no porque se sintiera incapaz de gobernar el país, sino por lo costoso que resultaba mantener un ejército en operación permanente, para un país nominalmente quebrado.
Por otra parte, restos de las ideas de los trinitarios, quienes habían sido el bando perdedor en la lucha política interna por el control del país en el verano de 1844, habían permanecido en sectores de la región del norte o Cibao, zona del país en donde el movimiento separatista originario tenía mayor fuerza y simpatías.
El sector de los tabaqueros y comerciantes cibaeños, luego de haber sido arteramente engañados por medidas económicas y financieras del presidente Buenaventura Báez, decidieron sacar adelante el proyecto de país que venían madurando con la revolución de Moca del 7 de julio de 1857, que aunque de poca duración (apenas duró un año), creó un nuevo gobierno y dotó al país de la constitución más avanzada hasta ese momento.
La anexión proclamada por el presidente Santana y posteriormente, el manejo arbitrario, abusivo y unilateral de la administración colonial de los españoles, hizo que por reacción, el viejo proyecto liberal de país que había en la mente de grupos de notables cibaeños, fuese desempolvado y el 16 de agosto de 1863, desde la localidad fronteriza de Capotillo, fuese retomado por un grupo mejor organizado de conspiradores, esta vez con el general Santiago Rodríguez a la cabeza.
El proceso revolucionario de julio de 1857 y que fue abortado o suspendido en 1858, precisamente por la masiva presencia militar en la región norte del general Pedro Santana y su sector de los hateros, quienes tenían especial interés de mantener al país girando alrededor de la ciudad de Santo Domingo (como eje de poder más cercano regionalmente hablando), despegó de manera definitiva en cuestión de unas cuantas semanas, después de la proclama del 16 de agosto.
Ya para inicios de septiembre de 1863, los restauradores habían logrado controlar casi el 80% de dos de las tres provincias norteñas (entiéndase Santiago y La Vega, ya que Puerto Plata se mantuvo durante un tiempo más en manos de los españoles), lo cual permitió la formación de un gobierno de la república en armas con sede en la hidalga de los treinta caballeros, esto es, la importantísima ciudad de Santiago.
La lucha de los restauradores en esencia, no solo fue una continuidad en lo posible del proyecto original de los trinitarios, sino que desde allí, las semillas de las ideas liberación nacional, sembradas en la revolución del 57’, germinó de manera tan rotunda que en unos 18 meses, lograron que las fuerzas coloniales ibéricas presentes en Santo Domingo y en la persona de la reina Isabel II, decidieron terminar con el proceso de anexión y revertir la categoría de provincia ultramarina que habíamos adquirido desde marzo de 1861.
La restauración de la independencia nacional, aunque pasó por procesos internos de intrigas, crisis y lucha de bandos, logró sacar adelante con la unión de casi todo el pueblo dominicano, el interés mayoritario de volver al criterio de la separación pura y simple, sin protectorados o categoría de provincia autónoma.
A partir de la salida de las tropas hispánicas, se inicia la llamada segunda república y nace el Partido Azul o Partido Nacional Liberal, el cual fue liderado por el Gral. Gregorio Luperón y otros prohombres de la recién terminada lucha armada, siguió procurando mantener la independencia dominicana e instaurar un proyecto integral de desarrollo nacional como era el aspiracional de la revolución del 57’, objetivo que se lograría con el ascenso definitivo al poder del Partido Azul en 1879.
Con el fin de la guerra de la restauración, movimientos independentistas se formarían para emular el triunfante proceso dominicano, tanto en Cuba como en Puerto Rico, todavía colonias de España. En el caso de Cuba, un dominicano que había luchado del lado de los españoles como fue el caso del Gral. Máximo Gómez, quien al ser parte del bando perdedor, decidió irse con su familia y las tropas invasoras de República Dominicana, para vivir en mejores condiciones de seguridad en la Capitanía General de Cuba; y en uno de esos giros misteriosos del destino, Gómez pasó de manera sorpresiva a engrosar el bando independentista cubano en octubre de 1868 y fue un actor clave en el largo proceso de lucha armada revolucionaria cubana, al implementar en conjunto con los luchadores nativos, la astuta estrategia de guerra de guerrillas que tanto éxito dió a los dominicanos en sus enfrentamientos con el ejército hispánico entre 1863 y 1865.
