Por Redacción 
Por Antonio Corcino
En toda sociedad que evoluciona, tarde o temprano, el mapa político debe actualizarse. Verón – Punta Cana vive ese momento. Como una olla que hierve sin tapa, el territorio ha crecido sin estructura, generando presión social, económica y política. La municipalización no es un capricho, sino una válvula que podría aliviar. Un proceso justo, equitativo y que sería para aclarar su demarcación y delimitar sus fronteras.
Este proceso no escapa a la dinámica natural de toda transformación: diálogo, negociación, acuerdos y, sí, conflicto. Pero más que una crisis, estamos ante una maduración inevitable de una comunidad sometida a inversiones desbordadas y una planificación institucional rezagada. Como a todo que le llega su tiempo, después de varios intentos, este constituye el ahora que no podía esperar más.
Ahora bien, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos representa una herramienta quirúrgica para corregir el desorden territorial y redistribuir los recursos de manera justa. No solo se podría utilizar para reparar los efectos del uso desordenado de los recursos, sino que también podría sentar las bases para una distribución más equitativa y una organización territorial eficiente. Es decir, mediante este medio legal permitiría remediar los daños causados por un uso desorganizado de los recursos y facilitar su distribución más equitativa.
En ese contexto, la propuesta de mundialización de Verón-Punta Cana del senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), ha puesto en marcha un debate profundo, viejo y necesario. No es solo una iniciativa legislativa, sino un reflejo de la urgencia de crear una arquitectura institucional que represente a miles de habitantes y una economía turística de escala internacional.
Mientras tanto, sectores de Higüey, en particular su Sala Capitular, expresan legítimas preocupaciones. Temen perder poder y recursos. Pero reorganizar no significa restar, sino multiplicar capacidades. Como en una familia numerosa, compartir tareas permite que todos vivan mejor. La descentralización no debilita; fortalece.
Aunque la creación o división territorial tiene un sabor amargo para la opinión pública, elevar a municipio a Verón-Punta Cana y subdividirlo en al menos tres distritos municipales —Punta Cana, Bávaro, El Salado— es reconocer su diversidad y dinámica interna de su territorio. No se gobierna igual una zona hotelera que una comunidad urbana. La eficiencia exige cercanía, y la cercanía exige autonomía. El centralismo es un modelo agotado.
En ese sentido, establecer por ley el nombre del nuevo municipio sería oportuno y estratégico, ya que evitaría las distorsiones que se reflejan en los medios de comunicación y consolidaría su identidad. En tiempos donde una marca puede ser tan poderosa como un gobierno, no se puede improvisar. “Punta Cana” es reconocible, competitivo y coherente. Cerrar esa discusión ayudaría a consolidar identidad, inversión y logística.
En términos de marca e inversión, también urge delimitar claramente sus fronteras. Los límites territoriales son como las líneas de un plano arquitectónico: si están mal trazadas, el edificio entero se tambalea. Resolver las diferencias territoriales con La Otra Banda y Nisibón es vital para evitar futuros litigios.
En este debate, el rol ciudadano es fructífero. Este no es un proyecto de élites, sino una causa colectiva. Todos estamos de acuerdo. Pero es capital que sea discutido en el seno de las comunidades, que lo entiendan los jóvenes y que lo defiendan los líderes barriales, las clases políticas y empresariales. Lo que está en juego es la calidad de vida y el futuro institucional.
Si bien la creación o división territorial tiene un sabor amargo para la opinión pública, no obstante, en este caso elevar a municipio a Verón-Punta Cana y subdividir en al menos 3 distritos municipales —Punta Cana, Bávaro, El Salado— es reconocer la diversidad y la dinámica interna de su territorio.
No se gobierna igual una zona hotelera que una comunidad agrícola. La eficiencia exige cercanía, y la cercanía exige autonomía. El centralismo es un modelo agotado.
La municipalización es una oportunidad para rehacer el contrato social en uno de los territorios más dinámicos del país. Verón – Punta Cana necesita más que infraestructura: necesita representación, equidad y un nuevo relato.
Y ese relato debe escribirse con justicia; en ese tenor, una vez elevado, hay que abrirle espacio para subdividir electoralmente la provincia en dos circunscripciones electorales para fortalecer la representación congresual.
Verón-Punta Cana es hoy como un árbol que ha crecido torcido por falta de guía y una adecuada planificación.
No se trata de podarlo, sino de enderezarlo, apoyarlo y proyectarlo hacia el futuro. La municipalización no es un fin en sí mismo. Es el inicio de una nueva manera de gobernar un territorio que ya no cabe en moldes obsoletos.
Una oportunidad para redistribuir poder, mejorar la calidad de vida y construir un nuevo contrato social basado en equidad, cercanía y representación real.
