Por Redacción 
Por Hanna Bueno
Por más que intenten ocultarlo tras trajes a medida y sonrisas ensayadas de ejecutivo, sé que muchos banqueros leerán estas líneas con evidente incomodidad. Aunque soy solo un simple escritor, me esforcé para distinguir la verdad entre las densas cortinas de humo de los eufemismos financieros. Y es exactamente por esa razón que escribo esto: duele constatar cómo todo un país continúa siendo engañado por la mentira más sofisticada, elegante y mejor vestida de nuestra era.
Camine por Santo Domingo y observará imponentes torres de cristal que desafían el cielo. Detrás de esa lujosa fachada de hormigón y acero se oculta la mayor mentira semántica del sistema financiero dominicano: la creencia de que usted tiene “dinero depositado” en el banco. En términos jurídicos y contables, los depósitos no existen como tales. Usted le otorga un préstamo sin intereses al banco a cambio de custodia y supuesta seguridad. El dinero físico deja inmediatamente de pertenecerle y pasa a ser propiedad legal de la entidad bancaria. Luego, el banco no utiliza esos recursos para prestárselos a otros; simplemente crea, con un simple clic electrónico, un saldo digital equivalente al pagaré que firma el deudor. Se trata de dinero inventado de la nada, que financia especulación inmobiliaria y consumo desmedido, esquivando de forma sistemática la producción real.
En República Dominicana, este dinero creado de la nada se destina mayoritariamente a la compra de carros y viviendas ya existentes. Según el Informe sobre el Crédito de la Superintendencia de Bancos a diciembre de 2025, los préstamos hipotecarios alcanzaron RD$`443,170 millones (18.5% de la cartera total, con un crecimiento del 13.2%), mientras que dentro del crédito de consumo los vehículos representaron el 16.9%. Irónicamente, prestamos miles de millones para importar vehículos cuando ni siquiera producimos petróleo; mejor sería decir que compramos chatarra rodante con dinero creado de la nada. En lugar de construir nueva capacidad productiva, inflamos la demanda sobre bienes que ya existen. Esa es una de las principales causas de la devaluación del peso y la inflación: más dinero persiguiendo la misma cantidad de casas, carros y productos importados.
Según el Informe sobre el Crédito en el Sistema Financiero de la Superintendencia de Bancos (SB) a diciembre de 2025, la cartera total de créditos cerró en la astronómica cifra de **RD$2.39 billones** (un crecimiento interanual del 9.5%, equivalente a RD$206,446 millones adicionales), representando el 57.5% de los activos totales del sistema. Paralelamente, la masa monetaria en poder del público (M1) ha crecido a ritmos muy superiores al del PIB real —alrededor del 10.6% interanual—, mientras que programas de estímulo como la liberación de encaje legal por decenas de miles de millones han inyectado liquidez que, al no canalizarse hacia fines productivos, termina alimentando inflación. El resultado es ese impuesto silencioso que devora los bolsillos de la población, con una inflación interanual que cerró 2025 en 4.95% (dentro del rango meta, pero con alzas significativas en alimentos y bebidas no alcohólicas cercanas al 8.2% interanual y en restaurantes y hoteles alrededor del 6.5%), según datos del BCRD.
Esta expansión crediticia y monetaria no solo genera inflación, sino que profundiza la desigualdad estructural entre clases sociales. Mientras el 10% más rico de la población concentra el 30.2% del ingreso total del país, el 10% más pobre apenas accede al 2.3%. El coeficiente de Gini del ingreso de los hogares alcanzó 0.389 en 2025, registrando un leve pero significativo aumento, especialmente pronunciado en las zonas rurales. El sistema financiero, lejos de ser un igualador, actúa como un amplificador de privilegios: las clases altas y medias urbanas acceden fácilmente al crédito para bienes de consumo y especulación inmobiliaria, mientras las clases populares y rurales quedan excluidas o endeudadas en condiciones abusivas.
Peor aún, el sistema financiero no tiene la capacidad de discernir el valor inmaterial de los individuos ni su verdadero aporte a la sociedad. Reduce a las personas a su capacidad de endeudamiento o a su historial crediticio, ignorando talento, creatividad, conocimiento y esfuerzo humano que no se traduce inmediatamente en garantías colaterales. Al mismo tiempo, todo el sistema especula para amortizar su propio desempleo estructural, expandiendo desmedidamente la masa monetaria (M1) y creando dinero de la nada que, en lugar de generar riqueza real, solo infla burbujas y consolida la concentración de poder económico en pocas manos.
Mientras tanto, el financiamiento real a la producción y a la innovación es vergonzosamente bajo: el sector industrial apenas representa el 6.9% de la cartera total, y el crédito destinado a innovación y tecnología es prácticamente marginal. En cambio, se priorizan vehículos, viviendas existentes y turismo de enclave.
En una sociedad capitalista como la nuestra, es el dinero —y no la voluntad popular— el que termina determinando la política estatal. Son los mismos bancos y grandes corporaciones, creadores de este dinero de la nada, quienes financian campañas políticas, influyen en legisladores y condicionan las decisiones del Estado. El crédito no es solo un instrumento económico: es el mecanismo a través del cual el poder financiero captura el poder político.
A diferencia de los mercados desarrollados, donde las regulaciones ofrecen protección real al consumidor, en República Dominicana los castigos y comisiones presentan una incoherencia alarmante. Los gastos de apertura absorben entre el 1% y el 4% del monto aprobado, las penalidades por amortización anticipada oscilan entre el 2.5% y el 5% sobre el capital cancelado, y los retrasos generan multas mensuales automáticas de entre 5% y el 6% sobre la cuota vencida, inflando la Tasa de Costo Efectivo Anual hasta en 7.5 puntos adicionales. Es un atraco institucionalizado: te cobran tasas elevadas por otorgarte dinero creado de la nada y, además, te penalizan si decides devolverlo antes de tiempo.
Y aquí radica la ironía más brutal: si el banco nos castiga con estas penalidades por querer salir antes de la deuda, ¿cómo se supone que nos formalicemos? Nuestra deuda per cápita (pública consolidada) supera los US$7,300 por habitante, mientras que para el 70% de la población con menor capacidad de ahorro e ingresos reales per cápita cercanos a RD$14,500 mensuales, esta carga ya excede lo que pueden sostener. Con más del 54% de empleo informal, formalizarse significa entrar a un sistema que te endeuda para consumir lo que ya existe, no para producir.
Esta exclusión financiera de clase es brutal: las familias de menores ingresos enfrentan mayores barreras para obtener crédito productivo, lo que perpetúa la trampa de la informalidad y limita la movilidad social entre generaciones.
Para colmo, a pesar de que las tasas de interés de los préstamos en República Dominicana son notablemente más altas que en la mayoría de los países de la región y de economías desarrolladas, esto no impide que se sigan comprando viviendas. Sin embargo, el resultado es que el 80% de los que viven en las zonas de playas y desarrollos turísticos de enclave son extranjeros, porque los dominicanos somos prácticamente incapaces de comprar un inmueble en esas áreas con nuestras condiciones crediticias.
En lugar de asumir riesgos productivos, la banca dominicana se refugia en un confortable esquema cuasi colonial. Prefiere vivir del arbitraje cambiario y de las jugosas comisiones que extrae del sudor de la diáspora —cuyas remesas superaron los US`$6,219.3 millones solo en el primer semestre de 2026, con un crecimiento interanual del 6.7%—, mientras canaliza el crédito de forma dócil hacia corporaciones e inversiones extranjeras del turismo de enclave, cuyos dividendos terminan repatriados sin mayor beneficio local.
Esta estructura es cobarde porque huye sistemáticamente de transformar nuestra propia riqueza. Exportamos oro en bruto, cuero crudo y productos agrícolas vírgenes para luego importar la joyería, el calzado y los bienes con valor agregado. La mentalidad bancaria sabotea activamente la industrialización local. Un ganadero de la Línea Noroeste lo resumió con crudeza lapidaria: “Pedí un préstamo para procesar queso curado, pero el banco me lo denegó argumentando ‘riesgo de suministro’, porque la leche ya está monopolizada por las grandes multinacionales”.
Es como cuando independizamos una isla sin barcos: declaramos soberanía en 1844, pero seguimos dependiendo de flotas ajenas para mover nuestra economía. Hoy repetimos la misma tragedia financiera: tenemos “independencia monetaria”, pero el crédito creado de la nada no construye nuestra propia flota productiva, solo financia la importación de yates ajenos.
Los defensores del statu quo financiero argumentarán, no sin cierta razón, que un banco no puede arriesgar los depósitos del público financiando proyectos agrícolas o industriales de alta volatilidad sin garantías sólidas. La prudencia bancaria es, después de todo, la que sostiene la estabilidad macroeconómica del país. Pero esta prudencia, cuando se lleva al extremo del conservadurismo colonial, se convierte en parálisis estructural. Cuando el sistema prefiere penalizar al deudor eficiente y refugiarse en el bajo riesgo de las remesas y los bonos estatales, la estabilidad deja de ser un logro y se transforma en el anestésico de nuestro subdesarrollo.
El Estado y el Banco Central actúan como cómplices de este diseño excluyente. Al no dirigir el crédito hacia la producción, más del 54% del empleo total sigue siendo informal. Sin industrias sólidas que generen empleos calificados, el dominicano común queda condenado al chiripeo diario. Las brechas son evidentes tanto por clase como por territorio: el Gini rural aumentó más que el urbano en 2025, dejando a las clases trabajadoras del campo y de las periferias urbanas aún más rezagadas. El Banco Mundial proyecta que el cambio climático y la baja productividad podrían empujar a entre 70,000 y 110,000 personas de vuelta a la pobreza de aquí al 2050 —aumentando la incidencia en 0.5 a 0.8 puntos porcentuales—, amenazando la meta de erradicar la pobreza monetaria, que en 2025 se ubicó alrededor del 17.3% (con reducciones recientes pero brechas persistentes en zonas rurales).
Quienes deseen rechazar este análisis podrán argumentar, con cierta legitimidad, que el sistema financiero actual ha permitido un crecimiento económico sostenido, la creación de empleos formales, la atracción de inversión extranjera y una relativa estabilidad macroeconómica que ha sacado de la pobreza a cientos de miles de dominicanos en las últimas décadas. Dirán que sin la prudencia bancaria y el acceso al crédito de consumo, el país enfrentaría una contracción mucho más severa y que las críticas aquí planteadas subestiman los riesgos reales de financiar proyectos productivos de alto riesgo en una economía pequeña y abierta.
Ante este panorama, solo nos queda abrazar la ironía con elegancia. Quizás la República Dominicana sea, en secreto, el país más rico y opulento del planeta Tierra. Hay que poseer una fortuna incalculable y un desprendimiento de dimensiones épicas para regalarle el dinero en efectivo a los bancos sin exigir un solo peso de interés, pagar los castigos crediticios más incoherentes del mundo, exportar nuestro propio oro en bruto para luego comprar lingotes caros, y utilizar el dinero de nuestras remesas para financiar el paraíso vacacional de los extranjeros mientras el aparato productivo local se cae a pedazos.
Un lujo colonial absoluto que solo una potencia mundial incomprendida se puede dar.
Aclaratoria final
Reconozco que este análisis tiene un sesgo claro y provocador. Sin embargo, ese sesgo responde a problemas reales y dolorosos que vivimos: el crédito que alimenta burbujas en lugar de producción, la exclusión financiera que deja fuera a más del 70% de la población, y una concentración de riqueza donde un pequeño porcentaje controla la mayor parte de la economía. Sobrevivir no es suficiente. Deberíamos aspirar a vivir con dignidad y prosperidad. Países como Suiza tienen un PIB per cápita muchas veces superior al nuestro a pesar de tener diez veces menos recursos naturales, gracias a una orientación productiva y de capital humano que aún nos falta.
Aunque no ofrezco soluciones concretas en este escrito, reconozco que no es mi lugar darlas. Mi rol como escritor es señalar los problemas profundos que sufrimos todos, para que la sociedad, los técnicos y los tomadores de decisiones puedan debatir y construir las respuestas que el país realmente necesita.
