Por Redacción 
Por Becker Márquez Bautista
Amigo lector. La República Dominicana se encuentra en un momento crucial en su búsqueda de una convivencia más armónica y respetuosa de las normas.
La llegada de Faride Raful al Ministerio de Interior y Policía ha marcado un punto de inflexión, con una visible intensificación en la aplicación de la ley, una estrategia que, aunque necesaria para muchos, choca frontalmente con una cultura históricamente permisiva con el desorden social y el incumplimiento de las regulaciones.
Durante décadas, la cotidianidad dominicana ha estado marcada por una cierta laxitud en el acatamiento de las normas. El caos vehicular, la contaminación sónica desmedida, la ocupación irregular del espacio público y la informalidad en diversos ámbitos se han normalizado, tejiendo una compleja red de costumbres que, para muchos, son simplemente «la manera dominicana» de hacer las cosas.
Esta cultura, arraigada en la historia y alimentada por una débil institucionalidad en el pasado, presenta un desafío formidable para cualquier intento de imponer un nuevo paradigma de orden.
En este contexto, la firmeza con la que la Ministra Raful ha asumido su rol no ha pasado desapercibida. Se han intensificado los operativos contra el ruido, se ha buscado regular el tránsito con mayor rigor y se han emitido directrices claras sobre el respeto al espacio público.
Esta ofensiva contra el desorden, aunque aplaudida por una parte de la sociedad que anhela una mayor civilidad, ha generado también resistencia y críticas de aquellos que ven en estas medidas una extralimitación o un atentado contra las libertades individuales y las «tradiciones» dominicanas.
La raíz de esta tensión radica en la profunda internalización del desorden como parte del paisaje social. Para muchos dominicanos, ciertas «licencias» y la flexibilidad en el cumplimiento de las normas no se perciben como un problema grave, sino como una expresión de la espontaneidad y la vivacidad cultural.
Sin embargo, esta permisividad tiene un costo significativo en términos de calidad de vida, seguridad ciudadana y desarrollo sostenible.
La tarea de Faride Raful no es sencilla. No se trata solo de aplicar la ley con rigor, sino también de iniciar un proceso de cambio cultural profundo.
Esto implica desafiar normas sociales arraigadas, educar sobre los beneficios del orden y construir una nueva conciencia ciudadana basada en el respeto mutuo y el cumplimiento de las reglas.
Para que esta iniciativa tenga éxito, se requiere un enfoque multifacético que vaya más allá de la coerción. La educación cívica desde temprana edad, el ejemplo de los líderes en todos los ámbitos, la promoción de una cultura de la legalidad y la participación activa de la sociedad civil son elementos cruciales.
Es necesario que los dominicanos comprendan que el orden no es una imposición autoritaria, sino una condición fundamental para el bienestar colectivo y el progreso del país.
El desafío que enfrenta Faride Raful es, en última instancia, un reflejo del desafío que enfrenta la sociedad dominicana en su conjunto: la necesidad de evolucionar hacia una convivencia más ordenada y respetuosa de las leyes, sin perder la riqueza de su identidad cultural, pero reconociendo que el desorden, normalizado por la costumbre, ya no es sostenible en un mundo cada vez más interconectado y exigente.
La firmeza de la ministra es un primer paso valiente, pero el verdadero cambio se gestará en la conciencia y las acciones de cada dominicano.
El autor tiene un Máster en Política Internacional, Master en seguridad y defensa y fue oficial de la Armada Dominicana. Actualmente reside en Valencia, España.
