Redacción Exposición Mediática.- Las últimas horas han sido de mucha tensión política entre Estados Unidos y Venezuela.
El mundo observa y mientras tanto, la gran pregunta es si en algún momento Trump ordenará una intervención militar estadounidense en Venezuela.
La tensión que ya no se disimula
Desde agosto de 2025, una atmósfera cargada de presagios recorre los corredores del poder. El 8 de agosto, The New York Times reveló—citando “personas familiarizadas con el asunto”—que Donald Trump firmó una orden clasificada al Pentágono para emplear fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos, ahora catalogados como organizaciones terroristas.
Apenas trece días después, la DEA declaró que Venezuela se ha convertido en “un Estado narcoterrorista”, acusando al régimen de Maduro de enviar “cantidades récord de cocaína” con apoyo de las FARC y el ELN.
Simultáneamente, Reuters informó del despliegue de un escuadrón anfibio estadounidense frente a las costas venezolanas para contener dichas amenazas.
Este triángulo de acusaciones, sanciones y maniobras militares densifica el escenario: ya no se trata de mera retórica, sino de señales claras.
Anatomía de un tablero estratégico
Orden clasificada al Pentágono
El informe del NYT señala que EE.UU. no solo ha designado terroristas a los cárteles latinoamericanos, sino que ha autorizado acciones militares activas en tierra o mar contra ellos.
En paralelo, el Wall Street Journal también confirmó el despliegue de tres destructores (USS Gravely, Jason Dunham y Sampson), una acción que supera los roles tradicionales de la Marina para asumir funciones de interdicción directa.
Declaraciones categóricas de la DEA y Casa Blanca
El jefe de la DEA acusó explícitamente a Venezuela de colaborar con las FARC y el ELN para enviar cocaína en niveles históricos a EE.UU.; además reaparecieron las acusaciones sobre el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.
La Casa Blanca, a través de su portavoz, dijo estar lista para usar “todos los elementos de su poder” para frenar ese narcotráfico.
Respuesta interna en Venezuela
Nicolás Maduro respondió movilizando 4–4.5 millones de milicianos, denunciando una amenaza injerencista y llamando a la defensa de la soberanía.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al Cártel de los Soles como organización terrorista global, reforzando el marco legal para posibles acciones unilaterales.
Claves del análisis crítico
Soberanía versus seguridad hemisférica
El despliegue militar y las acusaciones de narcoterrorismo plantean un dilema: ¿puede un país invocar su interés de seguridad para intervenir donde considere que la soberanía peligra? América Latina arrastra la historia de intervenciones —pasadas y recientes— que dejan heridas aún abiertas.
Legalidad de uso de la fuerza
La orden clasificada proporciona una base ejecutiva, pero acciones militares en un país extranjero suelen requerir autorización del Congreso. Cruzar esa línea puede volverse explosivo, tanto en Washington como en Caracas.
Simbolismo y realismo
Si bien los destructores estadounidenses representan un fuerte mensaje disuasorio, algunos analistas los ven más como teatralidad estratégica que preludio de guerra abierta. Sin embargo, el rumbo puede cambiar en cualquier momento.
El terreno venezolano ya está militarizado
Con una milicia ciudadana de millones, una narrativa acunada en la historia bolivariana y control sobre las fuerzas armadas, Venezuela no será un blanco fácil. Una intervención externa podría galvanizar el nacionalismo, fortaleciendo al régimen y provocando una escalada impensada.
Ecos en la región y en el sistema internacional
Alternativas como el diálogo multinacional o el fortalecimiento de agencias antidrogas regionales parecen hoy eclipsadas. Mientras tanto, el rol de países como México —que rechaza cualquier intervención— evidencia la creciente fractura entre narrativas de seguridad y respeto a la soberanía.
La OEA, la CELAC y organismos multilaterales podrían emerger como mediadores, aunque su relevancia ha menguado ante la urgencia pragmática de EE.UU. y la resistencia ideológica del bloque chavista.
¿Preludio o advertencia?
La pregunta que late es esta: ¿veremos un episodio de intervención militar de EE.UU. en Venezuela?
Hoy, parece menos plausible como guerra convencional, pero más real como operación quirúrgica—un golpe simbólico, un arresto o un bloqueo naval selectivo.
Queda claro que estamos ante una fatídica encrucijada: el humo ya está sobre el terreno. En juegos de poder, una chispa basta.
• ¿Desplegarán tropas terrestres si ocurre un atentado o una operación narco de gran escala?
• ¿Se volverá a invocar el marco legal de terrorismo y fuerza legítima?
• ¿O primará el cálculo de riesgo geopolítico y se optará por sanciones más profundas y diplomacia clandestina?
Lo que está en juego no es solo Venezuela, sino el equilibrio regional, el derecho internacional y la memoria de nuestra historia hemisférica.
Tal vez, más que vaticinios, lo que urge es generar reflexión, preguntas que la comunidad internacional pueda responder —antes de que los barcos, verdaderos o figurados, tomen el centro del Caribe.
Fuentes consultadas y citadas en contexto del análisis:
•The New York Times (08 de agosto, 2025) – Reporte sobre la orden clasificada firmada por Donald Trump para emplear la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas.
•Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) (21 de agosto, 2025) – Declaración oficial en la que califica a Venezuela como un “Estado narcoterrorista” y acusa al régimen de Nicolás Maduro de enviar “cantidades récord de cocaína” con apoyo de las FARC y el ELN.
•Reuters – Informe sobre el despliegue de buques y marines estadounidenses en aguas del Caribe frente a Venezuela, en el marco de operaciones contra cárteles de droga.
•Declaraciones públicas de voceros del gobierno de Estados Unidos y del Pentágono – Referencias al movimiento de un escuadrón anfibio y a las presiones sobre Caracas.
•Contexto histórico-político de las relaciones EE.UU.–Venezuela – Antecedentes sobre intervenciones militares, sanciones económicas y narrativas sobre narcotráfico como justificación de políticas exteriores.