Por Redacción 
Por Marcos José Núñez
República Dominicana es el país de la América Hispana que más ha crecido en lo referido a los sectores primarios y secundarios de la economía desde 1970 hasta la actualidad, pero por encima de todo, ha experimentado unos índices de expansión y estabilidad macroeconómica sin precedentes en los últimos 34 años.
El país mayoritariamente rural y analfabeto de hace cincuenta o sesenta años, hoy en día se presenta con un perfil decididamente urbano, moderno y cosmopolita, teniendo alrededor de un 10% de la población aproximadamente, con limitadas capacidades para la lectoescritura.
Es en ese contexto que la ciudadanía dominicana comienza a exigir otras necesidades a los sucesivos gobernantes.
Aunque el tema de la corrupción administrativa siempre ha sido tomado para señalar a personeros y funcionarios de los gobiernos de turno –con razón o sin ella- casi siempre se diluía al producirse un cambio de gobierno, dado que la oposición pasaba de blandir el asunto para atacar al oficialismo que deseaba sustituir, a tratar desde el gobierno con ignorancia supina sus promesas de manejar la cosa pública con moralidad y pulcritud.
Una cosa era hacerlo con guitarra y otra cosa era hacerlo con violín. En eso consistía el juego.
Así vimos como en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, quien se ufanaba al principio junto con su Partido Reformista de actuar con honestidad desde el Estado, no obstante, después llegó a afirmar que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho; mientras que en la oposición institucional, uno de sus líderes declaraba que de llegar al palacio, gobernaría con manos limpias. En uno y otro caso, hubo poco interés de combatir la corrupción con seriedad en la administración pública cuando les tocó el turno y por vía de consecuencia, la impunidad campeaba por sus fueros.
En 1996, el entonces joven y aún desconocido Leonel Fernández Reyna, en su estreno como candidato presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), planteó en medio del proceso electoral del que salió milagrosamente electo presidente de la nación por primera vez, que en esta parte de la isla de Santo Domingo, la corrupción se apropió ilícitamente de más de treinta mil millones de pesos cada año, una cifra tan escandalosa como insospechada, para la mayoría de los dominicanos en ese momento.
Irónicamente en la segunda y tercera gestión de Fernández a principios de este siglo XXI, la corrupción administrativa creció exponencialmente al punto que se llegó a estimar desde la prensa independiente, la sociedad civil y organismos internacionales que en las gestiones de gobierno del PLD, la malversación de fondos públicos sobrepasaba los cien mil millones de pesos cada año, es decir, tres veces y un chin más, lo que se sustraía en los gobiernos del viejo caudillo Joaquín Balaguer, antecesor de Fernández Reyna en el gobierno de la nación
Ante un panorama como ése y con la agravante de cientos de denuncias de casos de corrupción administrativa debidamente documentadas frente a las cuales el ministerio público se hacía de la vista gorda, garantizando con su inacción, la impunidad para corruptos y corruptores, algo comenzó a cambiar progresivamente en los sectores de vanguardia y pensantes de la sociedad dominicana.
A partir de 2012, con la salida del poder del Dr. Leonel Fernández para dar paso al ascenso de su compañero de partido, Danilo Medina, miles de ciudadanos comenzaron a organizar protestas, comenzando por el Parque Independencia y de ahí a lo largo y ancho del país, al verificarse no solo los casos ya denunciados de corrupción en la administración Fernández, sino que éste produjo antes de transferir el cargo, un déficit fiscal enorme, para financiar ilegítimamente con dinero público, la victoria electoral de su partido en las elecciones de ese mismo año y para lo cual, el presidente Medina tuvo que hacer aprobar una reforma fiscal, profundamente impopular para la mayoría del pueblo.
Las movilizaciones ciudadanas no cesaron. Prácticamente en todos los municipios del país se organizaron en los siguientes tres años, los llamados “Juicios Populares”, a través de los cuales y de forma simbólica se condenaba la corrupción y la impunidad de los gobiernos peledeistas, coincidiendo en paralelo con un proceso de modificación constitucional completamente espurio, llevado a cabo por el presidente de la república en ejercicio, para quedarse en el poder cuatro años más a partir de 2016, debido a que la constitución del 2010 por la que el juró en agosto 16 de 2012, prohibía taxativamente, la reelección consecutiva.
La ciudadanía dominicana, en especial la clase media, se mostraba muy preocupada por el derrotero que estábamos llevando, situación de la que se comenzaron a hacer eco los líderes de opinión, en especial, los de postura más independiente, quienes comenzaron a hacer llamados a las autoridades para que se investigaran con profundidad, las denuncias de turbios manejos administrativos que se sucedían una tras otra.
Tendría que producirse el escandaloso caso del arquitecto David Rodríguez en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), quien se quitó la vida en los baños de la entidad, por la desesperación que le produjo el tener que verse envuelto de manera obligada en mecanismos abusivos de soborno y “mordidas” para poder recibir un pago mínimo del total de la contrata que había obtenido legítimamente para su realización.
Poco después, un enorme escándalo de corrupción transnacional, el caso de la constructora Odebrecht, estallaría en Brasil, llevándose de paro a la presidenta de ese país, Dilma Roussef y a varios funcionarios o ex dignatarios, entre ellos a su antecesor, el ex Presidente Lula da Silva, quien había sido uno de los principales aliados internacionales de los gobiernos peledeistas, colaborando para que la constructora de capital brasileño Odebrecht viniera al país, con el objetivo de “desarrollar” obras de infraestructura de diversa índole en toda la geografía nacional.
La presencia de Odebrecht en dominicana tuvo sus efectos positivos, ya que se pudo constatar que construía obras de mucha calidad, sin embargo, se descubrió que estructuró una red de sobornos y de sobrevaluación de costos que beneficiaba principalmente a funcionarios del oficialista PLD, sin dejar de lado que la denominada “Oficina de Operaciones Estructuradas” (nombre que tenía el departamento encargado de sobornar y distribuir pagos de Odebrecht) trasladó su sede desde Brasil a República Dominicana para asegurar y resguardar con total impunidad sus transacciones, de una posible persecución judicial ya iniciada y adelantada en su país de origen.
Para diciembre de 2016, tan solo siete meses después de las elecciones en las que el presidente Danilo Medina se reeligió con cerca de un 62% de los votos, la ciudadanía se mostraba molesta e inconforme con el cúmulo las denuncias y reportajes que revelaron al público, las implicaciones en complejos y sofisticados esquemas de corrupción de las administraciones peledeistas, impulsando de manera espontánea, una vertiente de opinión pública en medios masivos y redes sociales, abogando por una lucha ordenada, cívica y sistemática contra la corrupción administrativa.
Es así como a partir del 22 de enero de 2017, más de cien mil personas entre grupos de ciudadanos, líderes de opinión y personas de la sociedad civil, organizaron con poco tiempo y en la capital dominicana, una marcha-protesta contra la corrupción y el fin de la impunidad, la cual fue denominada como la “Marcha Verde” debido a que los manifestantes escogieron ese color, el color de la esperanza, como código de vestimenta para definir su lucha frente a las malas mañas y el tráfico de influencia de la clase política local y de los funcionarios implicados.
De ese modo y durante casi tres años, la “Marcha Verde” realizó numerosos recorridos y protestas en los principales municipios o ciudades del país, movilizando millones de personas en total, llevando el mensaje del hartazgo en que estaba sumida la sociedad ante los frecuentes escándalos de corrupción y la impunidad garantizada, resultante de la falta de interés de los organismos estatales encargados de combatir esos males.
La Marcha Verde fue una auténtica revolución de colores, eminentemente ciudadana, social y no partidista, que buscaba ejercer presión sobre los tomadores de decisiones en el país y motivarlos de manera pacífica, propositiva y persistente a cambiar la agenda de connivencia oficial de los políticos de todas las siglas, para encubrir o ignorar los actos deleznables y las venalidades cometidas por funcionarios en ejercicio o por allegados al poder de turno.
Además, la Marcha Verde pudo recoger casi cuatrocientas mil firmas exigiendo al presidente Danilo Medina, designar una comisión especial de miembros del ministerio público para investigar de manera independiente, todo lo relacionado con el caso Odebrecht en nuestro país, al trascender la grave denuncia en la que se señalaba el otorgamiento de 92 millones de dólares en sobornos a diferentes implicados durante más de una década.
La Marcha Verde enarboló reiteradamente el planteamiento de que con el dinero que tradicionalmente se lleva entre las uñas e impunemente la corrupción política, la falta de ética y las inmoralidades en la administración del Estado en sus diferentes ramas, se puede mejorar por mucho, la condición y la calidad de vida del pueblo en general.
El ser humano nace trayendo la carga genética de sus padres y con la mente en blanco pero, con una tendencia social evolutiva o por defecto personal hacia la imperfección, el pecado (entendido como falta), la corrupción y la maldad. Movimientos sociales como la Marcha Verde, teniendo un cabal entendimiento de lo frágil y compleja que es la condición humana, buscan lograr como metas alcanzables y posibles, una justicia completamente independiente para que los dineros públicos, los recursos del Estado, se administren con mayor pulcritud y cuidado, en el entendido de que la corrupción se puede reducir efectivamente y por consiguiente, crear las condiciones sancionatorias para que haya cero impunidad. Solo así, de acuerdo a los activistas sociales y participantes de la Marcha Verde, tendríamos un mejor país –uno más justo- y una mejor sociedad para todos.
Postdata:
Este artículo va especialmente dedicado a V.V. una amiga a la cual agradezco su permanente apoyo, solidaridad y confianza en mí, aun en mis peores momentos, quien ha sido fuente de inspiración para escribir sobre este importante tema.
