Por Redacción 
Por Hanna Bueno
La vi en la acera de una avenida cualquiera de Santo Domingo, bajo ese sol de las tres de la tarde que no perdona. Debía tener catorce años. El cabello todavía de niña, el cuerpo delgado, la mirada más gastada que la de muchas mujeres de treinta. En brazos sostenía un bebé de pocos meses que se removía inquieto. Ella lo mecía con una mano y con la otra apretaba una bolsa de plásticos. No pedía. Solo esperaba. Cuando el semáforo cambió, cruzó la calle con ese paso corto y cuidadoso de quien ya sabe que el peso que carga no es temporal.
No era la primera vez que veía esa imagen. Pero esa tarde me quedó clavada como una pregunta sin respuesta. Porque detrás de esa niña no había solo una historia individual. Había el rostro visible de una estadística que el país ha aprendido a convivir sin incomodarse demasiado… mientras celebra otras cosas con mucho más entusiasmo y con muchos más recursos.
En 2025, según la Oficina Nacional de Estadística, se registraron 16.481 embarazos en adolescentes. De ellos, 826 correspondieron a niñas menores de quince años. En el primer trimestre de 2026 todavía se reportaron 166 casos en ese mismo grupo etario. Si se divide por los días del año, estamos hablando de unas 45 adolescentes embarazadas cada día en República Dominicana. Y de ellas, más de dos niñas menores de quince años quedan embarazadas diariamente. Cifras redondas, casi administrativas. Fáciles de archivar. Difíciles de mirar de frente.
Aunque el número absoluto ha descendido respecto a hace una década —cuando se superaban los 35.000—, el peso relativo se mantiene alto: alrededor del 19 o 20 por ciento de todos los embarazos del país siguen siendo de adolescentes. La tasa de fecundidad adolescente se ubica cerca de 50 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Eso es aproximadamente cuatro veces y media superior a la de Arabia Saudita y superior al promedio mundial. Curioso país el nuestro: capaz de organizar unos Juegos Centroamericanos con 150 medallas y, al mismo tiempo, incapaz de impedir que más de ochocientas niñas menores de quince años queden embarazadas en un solo año. Prioridades, se supone. O tal vez solo se trata de lo que resulta más fotogénico para los discursos.
No estamos ante un residuo del subdesarrollo. Estamos ante un fenómeno estructural que se ha vuelto crónico… y que, convenientemente, casi nunca ocupa el centro del discurso oficial. Resulta más cómodo hablar de “desafíos pendientes” que de niñas de catorce años cargando bebés bajo el sol de las tres de la tarde.
El embarazo adolescente no termina cuando la niña cumple dieciocho años. Se convierte en una sentencia educativa y económica que se arrastra durante décadas. Estudios del UNFPA y del Banco Mundial muestran con claridad lo que ocurre después: casi la mitad de las adolescentes que se embarazan abandonan la escuela durante la gestación o después del parto. Las mujeres que fueron madres en la adolescencia tienen aproximadamente la mitad de probabilidad de alcanzar un título universitario que aquellas que pospusieron la maternidad. Más de la mitad de las jefas de hogar que fueron madres adolescentes no superan el primer ciclo de primaria o la secundaria incompleta.
Diez años después, esas niñas de catorce o quince años son adultas de veinticuatro o veinticinco. Muchas ya tienen dos o tres hijos. La mayoría no terminó el bachillerato. Trabajan en la informalidad, dependen de programas sociales o de la ayuda familiar, y reproducen el mismo ciclo con sus propias hijas. La pobreza no solo se hereda. También se gestiona desde la infancia interrumpida. Y luego nos sorprendemos —con genuina o fingida perplejidad— cuando las cifras de productividad y de capital humano no mejoran al ritmo que prometen los discursos de cada 16 de agosto.
Y hay otro dato que completa el cuadro: el 85,6 por ciento de las madres que registraron un nacimiento en 2025 se declararon solteras. La cifra ronda el 86 por ciento desde hace varios años. La categoría “soltera” incluye uniones libres, pero el patrón es inequívoco. La gran mayoría de los nacimientos ocurre fuera del matrimonio formal. En el caso de las adolescentes, esa proporción se acerca al cien por ciento. El Estado registra el dato con precisión milimétrica… y luego mira hacia otro lado cuando se trata de exigir responsabilidad paterna. Qué eficiente resulta siempre la burocracia para contar, y qué lenta para intervenir.
Porque el problema no es solo que las niñas se embaracen. Es que, en una proporción abrumadora, los padres no asumen la responsabilidad. Los registros de las oficialías del Estado Civil revelan un patrón claro: la edad promedio de los hombres que embarazan a adolescentes ronda los 25 años. En muchos casos la diferencia de edad supera los diez o quince años. Cuando la madre tiene menos de quince, ya no estamos ante un “embarazo precoz”. Estamos ante lo que la ley debería tratar como abuso sexual. Y sin embargo, la sociedad —y con ella el sistema de justicia— sigue cargando casi toda la responsabilidad sobre la adolescente. Él puede seguir estudiando, trabajar o simplemente desaparecer. Ella carga con el cuerpo, con el bebé, con la interrupción de su vida y, con frecuencia, con el juicio social. Qué cómodo resulta siempre el silencio cuando el culpable no es la víctima.
El costo no es solo individual. Es fiscal. Según los estudios MILENA del UNFPA, el embarazo adolescente y la maternidad temprana representan para República Dominicana un costo de oportunidad anual que supera los 130 millones de dólares. De ese monto, una parte recae directamente sobre el Estado: gastos en salud asociados a embarazos de alto riesgo y partos en menores, y —sobre todo— ingresos tributarios que nunca se recaudan porque esas mujeres, con menos educación y peores inserciones laborales, generan menos impuestos sobre la renta y consumen menos. En 2018, el propio estudio para el país estimó que el Estado dejaba de percibir cerca de 24 millones de dólares solo por recaudaciones no realizadas de IVA e impuesto sobre la renta. A escala regional, en quince países de América Latina y el Caribe, el costo total alcanza los 15.300 millones de dólares anuales. El 88 por ciento de esa carga recae sobre las propias mujeres. El resto lo asume el Estado en forma de gasto directo y de renuncia fiscal.
Cada adolescente que interrumpe su trayectoria educativa y laboral no solo pierde oportunidades. También reduce la base tributaria futura del país. Es una hipoteca silenciosa que se renueva cada año… mientras se anuncian nuevas metas de crecimiento y se inauguran obras con cinta y discurso. El Estado, que tanto se queja de la baja presión tributaria, parece preferir no mirar demasiado de cerca una de las razones por las que esa base se erosiona generación tras generación.
La realidad sociológica es todavía más dura. Estudios realizados en varios países de América Latina, incluyendo República Dominicana, muestran una transmisión intergeneracional clara: ser hija de una madre adolescente aumenta significativamente la probabilidad de convertirse también en madre adolescente. Las estimaciones hablan de un incremento de entre 9 y 24 puntos porcentuales. En términos relativos, el riesgo puede duplicarse. No es solo pobreza. Es un mecanismo de reproducción social. La hija crece en un hogar con menor capital educativo, con menos recursos, con una madre que a menudo es jefa de hogar soltera y con una red familiar que ya normalizó la maternidad temprana. El entorno, las expectativas y las oportunidades se alinean para que el ciclo se repita. Y se repite. Con la misma naturalidad con la que el país celebra el 16 de agosto y luego vuelve a la rutina de mirar hacia otro lado.
Si nada cambia de raíz, hacia 2050 el país habrá envejecido —como ya advierten las proyecciones demográficas— y al mismo tiempo seguirá arrastrando una proporción no despreciable de mujeres cuya trayectoria educativa y laboral quedó truncada en la adolescencia. Una sociedad más vieja, más caliente y con una capa significativa de capital humano desperdiciado desde los catorce años. El reloj de arena no solo marca el envejecimiento. También marca la acumulación de oportunidades perdidas que nadie parece dispuesto a contabilizar en serio.
La niña de catorce años que vi aquella tarde no era una excepción. Era el resultado visible de un sistema que falla en varios puntos a la vez: en la protección real de las menores, en la educación sexual sin eufemismos, en la aplicación de la ley cuando un adulto se involucra con una niña, en el acompañamiento familiar y en la exigencia mínima de responsabilidad paterna. Y era, además, el eslabón más reciente de una cadena que el país lleva décadas sin cortar… mientras prefiere discutir otras soberanías más abstractas y menos incómodas.
Mientras se celebran récords deportivos o se discuten los rituales del 16 de agosto, unas 45 adolescentes se embarazan cada día en este país. Más de dos de ellas tienen menos de quince años. Diez años después, esas mismas mujeres —ya adultas, sin estudios y con más de un hijo— siguen pagando el precio en silencio. Y el Estado, aunque no lo diga, también lo paga: en salud, en recaudación perdida y en una generacion que llega a la adultez con menos herramientas de las que podría haber tenido.
El problema no es solo que haya embarazos en menores. Es que hemos normalizado que una niña cargue sola con las consecuencias de algo que casi nunca decidió de forma libre y completa. Y que, mientras tanto, el ciclo continúe reproduciéndose bajo el mismo sol de las tres de la tarde, en la misma acera, con el mismo silencio… y con la misma certeza de que, pasado el próximo discurso, todo seguirá igual.
